El constructor cordobés José María Enríquez, propietario de Promociones Los Jardines, acusado junto a su mujer y un tercer procesado, por un supuesto fraude fiscal del IVA en los años 2001 y 2002 que supera los cuatro millones de euros, así como de dejar de declarar 419.944 euros del Impuesto de Sociedades, ha defendido ante la juez que todas sus operaciones y pagos "han sido reales y se han declarado".
Durante su comparecencia en el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba, que prevé continuar este viernes con el juicio, el acusado ha manifestado que "todas las operaciones se han documentado", al tiempo que aclara que las mismas "se regularizaron" y afirma que "ha habido medios de pagos".
También, ha destacado que su mujer "nunca intervino" en dichas actuaciones, de hecho ha apuntado que "en absoluto" tenía conocimiento de las operaciones, a lo que ha añadido que "normalmente" se creaban sociedades para promociones puntuales dentro de un mismo grupo, aunque subraya que "no se trataba de blindar", sino que "desde el punto de vista financiero es más ágil".
Antes de comenzar la sesión, las defensas han planteado la prescripción de los delitos de los que se le acusa a sus clientes, tras haber transcurrido más de cinco años desde que supuestamente se cometieron y al no existir "una resolución motivada", si bien el fiscal y la acusación han señalado que antes de que pasara dicho plazo los acusados ya habían declarado y "se había presentado la denuncia".
En concreto, el Ministerio Público pide para los procesados penas que oscilan entre los cuatro y los diez años de prisión. Según recoge su calificación, el acusado, junto a otros cargos de la sociedad, supuestamente llevaron a cabo "contratos privados ficticios de compraventa de inmuebles y adquisición de servicios con empresas de su mismo grupo o de terceros generando un IVA soportado irreal para compensar el repercutido". Todo ello durante los ejercicios correspondientes a los años 2001 y 2002.
En este sentido, el fiscal apunta que tanto Enríquez como la acusada actuaban "como representantes legales de las empresas del grupo Los Jardines". El otro procesado, J.A.A., como administrador único de otra firma, "colaboró con los otros dos concertando dichas operaciones fraudulentas", según indica el Ministerio Público.
Así, y citando algunos de los casos a los que alude el fiscal, el 27 de diciembre de 2002, los acusados, en nombre de dos de las empresas de su sociedad, "concertaron ficticiamente un contrato privado de compraventa por el que una compraba a la otra un local en Córdoba por más de 2,4 millones de euros, deduciéndose una cuota de IVA soportado de 384.647 euros".
Con anterioridad, el 9 de noviembre de ese mismo ejercicio, Enríquez y el otro encausado supuestamente concertaron un falso acuerdo por el que el empresario adquirió de la firma a la que representaba J.A.A. unas fincas de Arcos de la Frontera por 8.414.169 euros, "deduciéndose una cuota de IVA como soportado que asciende a 1.346.267 euros", explica el fiscal.
Igualmente, apunta que el 2 de diciembre de 2002 y en nombre de otra de las empresas de su grupo, los acusados supuestamente volvieron a simular un contrato privado con otra firma en la que actuaba un familiar como representante, una compra de 395 metros cuadrados de obra terminada en la promoción Casablanca Beach, en San Pedro de Alcántara. La cuota de IVA deducida ascendió a 312.526 euros.
Los hechos, según considera la Fiscalía, son constitutivos de cinco delitos contra la hacienda Pública. Responde en concepto de autor material y directo José María Enríquez, mientras que los otros dos están procesados como cooperadores necesarios y las firmas involucradas, como responsables civiles subsidiarias.
En cuanto a las penas de cárcel, el Ministerio Público pide un total de diez años para Enríquez y multa de unos 30 millones de euros; cuatro años de prisión para la acusada, y ocho años para el tercer procesado, así como más de 27 millones de euros de multa para ambos, respectivamente.
