El Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía y Competitividad, ha tramitado en los últimos tres años, de 2011 a 2013, casi un millar de operaciones sospechosas referidas o relacionadas con la provincia de Málaga.
Así se desprende de una respuesta del Gobierno al diputado nacional de IU Alberto Garzón, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que se especifica que en 2011 fueron 353 los asuntos tramitados por el máximo organismo en España contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, 308 en 212 y 302 el año pasado, lo que hace un total de 963 actas.
Izquierda Unida cuestionaba también al Gobierno central acerca de si contemplaba elevar al Tribunal Penal Internacional y a los foros adecuados que los paraísos fiscales fueran tipificados como delito de crimen contra la humanidad. Una pregunta que, sin embargo, no ha sido contestada en esta respuesta.
Ante esto, la portavoz provincial de IU y parlamentaria andaluza, Dolores Quintana, ha mostrado la preocupación de su formación: "el hecho de que el Gobierno no diga qué nuevas medidas prevé tomar para luchar contra el fraude fiscal nos hace pensar que no tiene ninguna iniciativa para perseguir este delito". En este punto, ha exigido al Ejecutivo que "lo combata con más ahínco".
Quintana ha recordado que la economía sumergida representa el 22,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) nacional, lo que se traduce en que la Hacienda Pública deja de recaudar anualmente 72.709 millones de euros.
