La fecha estaba marcada en el calendario desde hace un par de meses: 18 de junio. Era el día en el que, definitivamente, se reunían los magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo para resolver los recursos presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que declaró el Expediente de Regulación de Empleo del Ayuntamiento de Jerez “no ajustado a derecho”. El Gobierno local recurrió para que se anulara dicha sentencia, los representantes de los 260 trabajadores afectados para que el ERE se declarase improcedente.
Ya se habían producido algunos precedentes al respecto que, incluso, habían alentado las esperanzas de los trabajadores despedidos, pero también se había filtrado el informe del Ministerio Fiscal del alto tribunal que planteaba serias advertencias acerca de la sentencia del TSJA y, finalmente, los magistrados se han decantado por dicha lectura. El ERE es “ajustado a derecho” por prevalecer la “causa económica”.
El comunicado del Tribunal Supremo, que llegó a Jerez sobre las tres y media de la tarde del miércoles, se convirtió en un auténtico mazazo para las aspiraciones de los afectados, para las de los sindicatos y, especialmente, ha provocado numerosas lecturas políticas, en las que la oposición subraya las relativas a la “injusticia” y el Gobierno la “legalidad” de la medida. De hecho, a falta de conocerse la sentencia íntegra, que podría comunicarse a las partes antes de final de mes o en la primera semana de julio, son las lecturas que prevalecen, sobre todo si se tiene en cuenta que la oposición había hecho un frente común contra el equipo de Gobierno basado en una posible resolución judicial favorable a los intereses de los trabajadores que, de momento, se ha desvanecido.
Se habla de movilizaciones, de recursos judiciales a instancias europeas, hasta de “sentencia política”, aunque tampoco es que los trabajadores lo tengan todo perdido.
Aún les queda la vía de las demandas individuales por despido improcedente, una vía que hasta ahora se encontraba aparcada precisamente a la espera de que el Tribunal Supremo emitiera el correspondiente fallo. Será ahí donde tendrá que dilucidarse si la aplicación de criterios fue la correcta o si el ERE fue la “excusa” para llevar a cabo una “caza de brujas” entre trabajadores del Ayuntamiento, como ha advertido algún partido político de la oposición.
Lo único fijo hasta el momento es que el Tribunal Supremo (TS) ha estimado esta semana el recurso interpuesto por el Ayuntamiento contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de declarar no ajustado a derecho el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que en 2012 implicó el despido de 260 trabajadores.
Los magistrados de la Sala de lo Social del TS estimaron el recurso del Consistorio, declarando “ajustado a derecho” el despido colectivo “por estimar suficientes los criterios invocados y por apreciar causa económica”. En este último aspecto, los magistrados sustentan su decisión en la Disposición Adicional Vigésima del Estatuto de los Trabajadores introducida por la Ley 3/2012, que contempla la adopción de este tipo de medidas ante una insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos.
A la hora de adoptar esta decisión, la Sala de lo Social del TS ha tenido en cuenta la situación económico-financiera del Ayuntamiento, atendiendo a los hechos declarados probados. Como se recordará, el TSJA estimó “parcialmente” la demanda presentada por diferentes sindicatos contra el expediente en marzo de 2013, tras la celebración del correspondiente juicio, considerando “no ajustado a derecho” el procedimiento.
Esa decisión obligaba al Ayuntamiento a optar entre la readmisión de los 260 trabajadores despedidos o a incrementar sustancialmente el importe de las indemnizaciones. De ahí que el Consistorio presentara recurso ante la Sala de lo Social del Supremo, un camino que también emprendieron los sindicatos pero con el objetivo contrario, el de declarar nulo todo el procedimiento.
El fallo de los magistrados es anterior a la redacción de la sentencia definitiva, y precisamente este hecho justifica la cautela con la que tanto el Gobierno local como los propios sindicatos se encuentran ahora, a la espera de conocer los argumentos que llevaron a la Sala de lo Social a posicionarse del lado del Ayuntamiento en este contencioso.
Con esas lógicas reservas, el Gobierno local valoró la “importancia” de la decisión adoptada por el Tribunal Supremo, que avala la legalidad del ERE que en 2012 supuso el despido de 260 trabajadores. A través de un comunicado de prensa, el Ejecutivo municipal destacó que la decisión del TS “evidencia que el ERE fue ajustado a derecho y que, por tanto, “se hizo cumpliendo la ley y sin que se produjese arbitrariedad alguna”. El Gobierno local recordó que esta “dolorosa” medida debió adoptarse “ante la situación económica” en la que se encontraba el Consistorio, “siendo absolutamente necesaria y no arbitraria”.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo aprovechó la ocasión para “lamentar” las “descalificaciones vertidas por los partidos de la oposición” desde que se conociera la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que consideró el expediente “no ajustado a derecho”. Por último, el Ejecutivo pidió “respeto” ante “un asunto tan serio” como el de tramitar un ERE “por una situación que podía haberse evitado si los gobiernos anteriores hubieran gestionado con control del gasto”.
El informe del fiscal
En su informe, la Fiscalía pidió al TS la devolución del caso al TSJA para que de este modo el Alto Tribunal andaluz emitiera una nueva sentencia que entrase a valorar la existencia o no de causa económica. En ese informe, el Ministerio Público consideraba que la sentencia del 20 de marzo de 2013 del TSJA debía “anularse”, al entender que se había “extralimitado en su contenido”, rebasando “los criterios legales y reglamentarios para determinar la corrección o no de los procedimientos de selección de los trabajadores”.
Asimismo, en dicho escrito, la Fiscalía del Tribunal Supremo pedía que se estimara el recurso del Ayuntamiento en base a uno de los argumentos planteados por el Gobierno local, al mostrarse “de acuerdo” en que la sentencia dictada por el TSJA se detenía en el proceso de selección de los afectados cuando no era este su cometido. No en vano, el informe dejaba claro que a un procedimiento de despido colectivo “no compete” enjuiciar “sobre la aplicación de los criterios de selección a los empleados despedidos”, al considerarlo “materia reservada a las demandas individuales”. A la espera de conocer la sentencia, todo apunta a que este informe ha podido ser clave a la hora de resolver la causa.
Expectativas favorables en las demandas individuales
El fallo de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a la posibilidad de que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) llevado a cabo en el Ayuntamiento en 2012 pueda ser declarado nulo. Sin embargo, eso no significa que los 260 trabajadores afectados por el despido colectivo no encuentren motivos con los que alimentar sus esperanzas, toda vez que es a partir de ahora cuando empezarán a atenderse las demandas individuales que tramitó la mayoría de ellos.
Y en este caso parece que sí hay expectativas de que algunos de los despedidos puedan ganar la partida al Consistorio, toda vez que ahora sí pesarán en las respectivas causas la aplicación de los criterios de selección de los afectados.
Los despedidos tratan aún de recuperarse del “mazazo” que ha supuesto el fallo del Tribunal Supremo, encontrándose a la espera de conocer la sentencia en su totalidad, ya que si bien el dictamen de la Sala de lo Social consideró “ajustado a derecho” el ERE ahora es preciso conocer los argumentos de hecho y los fundamentos jurídicos. De momento, un grupo de afectados por el ERE irrumpió este viernes en la sesión extraordinaria de Pleno convocada por el gobierno local para aprobar una revisión del Plan de Ajuste. La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, les emplazó al próximo Pleno ordinario para tomar la palabra tras la petición de un portavoz de los afectados de hacerlo, algo que le fue denegado.
Una vez se publique la sentencia, quienes en su momento no presentaron demanda dispondrán de un plazo máximo de veinte días para hacerlo. Los abogados de algunos de los afectados estiman que los juicios individuales se fijarán en un plazo aproximado de “cinco o seis meses”, lo que permitiría que estos procesos queden vistos para sentencia antes de que finalice el presente ejercicio. En primera instancia, todos estos casos se verán en los juzgados de lo Social de Jerez, cuyas decisiones podrán ser en cualquier caso recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Tras el fallo del Supremo, que considera ajustado a derecho el ERE, las demandas individuales se centrarán en demostrar que los criterios de selección de los afectados no se aplicaron. Como se recordará, prácticamente la mitad de los despedidos fueron incluidos en el ERE por haber cumplido los 59 años, y así se hacía constar en el expediente, por lo que a priori parece complicado que sus demandas prosperen. Otra cosa distinta es la del resto de afectados, ya que la sentencia del TSJA dejó claro que se produjeron arbitrariedades.
Antonio Saldaña
Portavoz PP
“Acatamos. Otros solo aprueban lo que coincide con sus tesis”
El portavoz del Gobierno, Antonio Saldaña, ha subrayado el hecho de que la decisión del TS “refrenda” el trabajo del Ejecutivo, lamentando que el “absoluto acatamiento” de las sentencias judiciales del Ejecutivo municipal “se contraponga” a la actitud de quienes “sólo aprueban las resoluciones judiciales si coinciden con sus tesis”. En este sentido, el equipo de gobierno considera "muy importante" que el Supremo haya estimado el recurso presentado por el Consistorio y declarado "ajustado a derecho" el expediente de regulación de empleo (ERE) municipal y recuerda que esta fue "una medida dolorosa que hubo que tomar ante la situación económica del Ayuntamiento de Jerez, siendo absolutamente necesaria y no arbitraria". A la espera de que se notifique la sentencia, el equipo de gobierno destaca la importancia de la decisión del Tribunal Supremo ya que evidencia "que el ERE fue ajustado a derecho, y que, por tanto, este se hizo cumpliendo la ley, sin que se produjese arbitrariedad alguna". Finalmente, lamenta las "descalificaciones" vertidas por los partidos de la oposición desde que se conociera la sentencia del TSJA y pide "respeto" en un asunto "tan serio" como es el "tener que haber realizado un ERE en el Ayuntamiento por una situación que podía haberse evitado si los gobiernos anteriores hubieran gestionado con control del gasto", en alusión al incremento de la deuda generada en el Consistorio en la última década.
Miriam Alconchel
Secretaria general PSOE
“Es contradictorio en comparación con el fallo del TSJA”
La secretaria general del PSOE-A de Jerez, Miriam Alconchel, consideró “contradictorio” el fallo del Supremo en comparación con el del TSJA, expresando su “sorpresa” y “malestar” ante este hecho y lamentando la situación en la que quedan los 260 despedidos. El PSOE de Jerez ha manifestado asimismo que "acepta" pero "no comparte" el fallo del Tribunal Supremo y expresa su "pesar" por esta noticia que supone "el espaldarazo a una decisión injusta, tal y como dictó en su día la magistratura andaluza cuando vino a reconocer que los despidos de estos trabajadores municipales se hicieron sin criterios objetivos, de forma arbitraria, no ajustada a derecho y ejecutada de mala fe". Por ello, los socialistas muestran su "sorpresa" ante esta decisión judicial "diametralmente opuesta" al pronunciamiento del TSJA. No obstante, y aunque "no la comparte", la "acepta democráticamente".
Así, el PSOE de Jerez muestra su "apoyo" a los 260 trabajadores despedidos, a quienes ofrece su colaboración ante "cualquier medida que a partir de ahora este colectivo decida emprender contra esta decisión judicial".
Finalmente, expresan su "temor" a que esta sentencia se interprete por parte del PP como un "cheque en blanco" para llevar a cabo "más medidas de despido, recortes y subida de impuestos, en detrimento de las necesidades reales de los jerezanos", y piden que no suponga para el Gobierno local un motivo de satisfacción, sino todo lo contrario.
Raúl Ramírez
Candidato a la alcaldía de Foro
“Es una injusticia de proporciones colosales”
A expensas de contar con la sentencia en firme para su análisis y con todas las reservas nada más conocerse la noticia, el portavoz de Foro Ciudadano de Jerez, Raúl Ramírez, “no puede más que expresar su indignación y consternación por el fallo del Tribunal Supremo”. De hecho, el representante de esta formación política condena enérgicamente que el mayor logro de estos tres años de “naufragio de la señora García-Pelayo como alcaldesa vaya a ser haber puesto en la calle a 260 familias, a las que en una gran mayoría de casos han destrozado de por vida y que en muchos casos ya acumulan serios problemas para sobrevivir y mantener sus viviendas”. Desde Foro Ciudadano, ha dicho, “vamos a seguir respaldando a los afectados y al resto de la plantilla municipal ante este atropello y este triunfo de la extrema derecha que persigue a sindicalistas y a trabajadores por su color político”. “Estaremos con ellos en cuantas acciones y actuaciones decidan llevar a cabo, pero desde ya dejamos claro que, de seguir gobernando el PP en Jerez, lo peor está por llegar pues esta alcaldesa ya tiene barra libre para arrasar a cientos y cientos de empleados públicos”, ha añadido. Asimismo, el portavoz de Foro ha añadido que esta organización política se reserva cuantas acciones oportunas pudieran tener lugar para detener una “injusticia de dimensiones colosales”. “A partir de ahora haremos todo lo que esté en nuestra mano ante este atropello brutal”, ha apuntado.
Joaquín del Valle
Portavoz IU
“Una gran injusticia, viniendo de la mano de la Justicia”
Joaquín del Valle ha hecho un llamamiento a las centrales sindicales para que recurran la sentencia del Supremo ante los tribunales de justicia europeos, ya que considera la resolución sobre el ERE una “gran injusticia, viniendo de la manod e la Justicia”. Para el portavoz de IU, estamos ante “una sentencia política en un Pleno del Tribunal Supremo de mayoría conservadora”.
Santiago Casal
Candidato a la alcaldía por el PA
“La Justicia se posiciona a favor de los poderes públicos”
El secretario local del PA, Santiago Casal, advirtió de que fallos como el del TS “ponen en entredicho la independencia de la Justicia, que desgraciadamente se posiciona más a favor de los poderes públicos que de los ciudadanos”. Casal confía en que el proceso de las demandas individuales “traiga buenas noticias” para los afectados por un ERE “injusto”, expresando su deseo de que “se pueda demostrar la vulneración de derechos fundamentales”.
