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San Fernando

Suspendidas las declaraciones de los nuevos imputados en el desfalco

Las declaraciones se han suspendido a petición de una de las partes al no haberse notificado la citación formalmente.

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El Juzgado de Instrucción número 2 de San Fernando ha suspendido sin fecha la toma de declaración a nuevos imputados en el marco de la instrucción penal por el supuesto robo de 7,8 millones de euros cometido en la Caja Municipal de San Fernando entre junio de 2002 y abril de 2009.

   Según han confirmado a Europa Press fuentes del caso, las declaraciones se han suspendido a petición de una de las partes, al no haberse notificado la citación formalmente.

   Este viernes estaba prevista la declaración como imputadas de la esposa y la suegra de Clemente Ruiz, principal imputado en la causa junto a María José Lebrero, por ser ambos los responsables de la caja en esas fechas.

   Ruiz y Lebrero eran los únicos imputados en la causa penal, si bien hace un año la Fiscalía solicitó tomar declaración como imputadas a la mujer de Clemente y a la madre de ésta.

   El Ministerio Público también interesó la declaración de ocho miembros de una familia de origen marroquí con la que Clemente tuvo negocios comunes, por lo que entiende que pudo participar en los hechos.

   Cabe recordar que el juicio contable por el robo en la Caja de San Fernando se celebró a mediados de octubre de 2013, considerando el Tribunal de Cuentas que los hechos eran constitutivos de un delito de alcance en los fondos públicos cuyo principal cuantificaba en 7.665.733, 92 euros --la diferencia de la cantidad inicial de 7,8 millones se derivaba de la prescripción de algunas de las responsabilidades--.

   En su sentencia, el Tribunal de Cuentas estimó parcialmente la demanda interpuesta por el Ayuntamiento isleño y declaró responsables directos a Ruiz y Lebrero, a quienes condenaba a pagar al Consistorio los 7,6 millones de euros más intereses legales.

   Asimismo, el tribunal declaraba la responsabilidad contable subsidiaria de los exalcaldes andalucistas Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo, condenando a cada uno de ellos al pago de 29.350 euros más intereses.
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