La Fiscalía ha elevado este jueves a definitivas sus conclusiones sobre el juicio a los seis acusados, entre ellos el agente de la Guardia Civil, por delitos contra la salud pública, tras supuestamente dedicarse al tráfico de cocaína, en el norte de la provincia cordobesa, para los que ha mantenido las penas de prisión.
En este sentido, pide para ellos entre los once y los siete años de cárcel, concretamente para el agente de la Benemérita solicita una pena de once años de cárcel y una multa que supera los 60.000 euros, además de la inhabilitación especial para empleo o cargo público. Las otras siete personas que estaban acusadas en esta causa aceptaron penas de dos años de prisión para cada uno de ellas.
De este modo, el juicio ha quedado visto para sentencia en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, después de que la defensa del agente del Instituto Armado ha reclamado la absolución para su cliente, dado que "hay una ausencia total de pruebas", según ha destacado.
Así, ha señalado que solo están las conversaciones por teléfono y recuerda que él ha reconocido que compraba droga, pero "pequeños gramos", y lo hacía a una de las personas que ha sido condenada, de manera que no se le ha intervenido cantidad como para pertenecer a una banda, según ha indicado el abogado defensor, quien ha subrayado que "no ha quedado acreditado que facilitara drogas a terceros", de ahí que pida su absolución.
Al respecto, el agente admitió el jueves pasado ante el juez que compró dicha sustancia para "consumo propio", pero que "nunca" se ha dedicado a venderla, al tiempo que manifestó que "jamás en la vida" ha utilizado su cargo para facilitar información a otros.
PARA "CONSUMO PROPIO"
En concreto, el agente de la Guardia Civil insistió en que no facilitó la droga a otras personas y que él llegó a comprar entre "siete y nueve gramos" de cocaína, pero eran para "consumo propio", a lo que añadió que en el momento que ocurrieron los hechos estaba "de baja", concretamente desde 2007, fecha desde la que no tuvo acceso a informaciones del cuartel, según dijo el acusado, quien no recuerda algunas de las conversaciones mantenidas con otros procesados.
Mientras, otro de ellos defendió que desconocía que en su mochila, con la que viajó desde Madrid a Sevilla, llevara cocaína, para lo cual justificó que la perdió de vista "en dos ocasiones", una durante la noche anterior a viajar desde Madrid, que permaneció en un coche, y la otra al llegar a la capital hispalense, donde la dejó en el coche de uno de los acusados antes de que éste aparcara.
Además, dicho acusado destacó que colaboró en todo lo que pudo con los agentes de la Policía Nacional en el momento de la detención, en el que el otro procesado hablaba por móvil y escuchó: "nos pillaron", según señaló el varón.
Asimismo, otro de los procesados relató que los agentes de la Guardia Civil lo "coaccionaron y amenazaron" para que declarara en contra de otro de los acusados, quien supuestamente lo había inculpado antes, según le insinuaron los agentes, y en caso de que lo culpara, le dijeron que "solo estaría un día en prisión", manifestó el hombre, al tiempo que negó que le ofrecieran vender cocaína o que se haya dedicado a ello, aunque admitió que consumió "algo" para evitar dormirse en el coche.
LAS OPERACIONES
Según recoge la calificación del Ministerio Público, la investigación la inició la Guardia Civil de Peñarroya-Pueblonuevo, después de que entre los años 2008 y 2009 comprobaron que dos de los procesados supuestamente coordinaban todas las operaciones y distribuían la droga, bien desde un club del citado municipio cordobés o bien a través de los otros acusados.
En este sentido, adquirían la cocaína y otras sustancias en Sevilla a través de dos de los procesados y desde Córdoba y otras localidades, a través de otros tres acusados, entre ellos una mujer, quienes supuestamente ocultaban la droga en sus respectivos domicilios en Peñarroya.
Mientras, otros dos procesados realizaban labores de intermediarios en la búsqueda de clientes, así como la ocultación y obtención de sustancias para la posterior venta por parte de los otros acusados. Además, otras tres personas residían en domicilios de Belmez y supuestamente se dedicaban a la venta y distribución de droga.
Por otra parte, el agente de la Guardia Civil, "activo en el momento de los hechos", supuestamente era el encargado de informar a los procesados sobre las operaciones policiales y "facilitar así de forma activa la venta de droga, adquiriendo él también para su consumo", según relata el fiscal, quien además de la pena de once años de cárcel, solicita para él inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Durante la operación, los agentes realizaron diferentes registros domiciliarios, en los que hallaron diversas cantidades de sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, así como distintas balanzas y dinero. Cabe destacar que parte de los acusados estuvieron en prisión preventiva.
