El Congreso de los Diputados, al refrendar las enmiendas aprobadas el pasado día 15 por el Senado, ha dado este jueves luz verde definitiva al proyecto de ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, que abre la puerta a que los presos de ETA que cumplen pena en otro Estado miembro (la mayoría en Francia) sean trasladados a una cárcel española.
La modificación aprobada traslada al ordenamiento español una normativa europea del año 2008, que permite que una condena firme de cárcel sea ejecutada en otro Estado miembro de la Unión cuando ello contribuya a facilitar la reinserción del condenado. Es decir, que los presos extranjeros sean enviados a su país de origen y que los españoles condenados en otros Estados cumplan su pena en España.
Durante el debate parlamentario que ha tenido lugar en el Pleno del Congreso, el diputado de Amiur Iker Urbina, abogado de presos de ETA, ha aprovechado para exigir al Gobierno que ponga fin a la política de dispersión de lo que ha calificado como "presos y presas vascas", sin citar a la banda terrorista. A su juicio la decisión europea que se adopta al ordenamiento jurídico español dice que los presos "deben cumplir pena en el lugar de arraigo".
"Tiene el Gobierno la oportunidad por medio de este proyecto de Ley y del resto de pronunciamientos de poner fin a la política de dispersión. De lo contrario nos encontraríamos ante la confirmación de que el Gobierno, en lo que se refiere a la política penitenciaria sobre presos y presas vascas, se mueve por un impulso vindicativo", ha dicho.
Por su parte, el portavoz de Justicia del PNV, Emilio Olabarria, ha denunciado las "disfunciones" en el Derecho Penal español, "que establece en relación a determinados tipos de delitos penas más altas y diferentes tipos de cumplimiento más riguroso".
"Tras incorporar estas decisiones marco europeas quizá pueda servir para acabar con esas disfunciones", ha zanjado Olabarría, quien se refería al cumplimiento íntegro de penas para presos terroristas fijado en 40 años de cárcel y la obligación de pedir perdón a las víctimas entre otros requisitos que tienen que cumplir los presos de ETA si quieren acceder a determinados beneficios penitenciarios.
Hasta ahora, los presos de ETA sólo eran trasladados de manera definitiva cuando terminaban de cumplir sus condenas en los respectivos países y llegaban a España para cumplir condena por otras causas. También se producían entregas temporales durante un periodo de tiempo concreto para realizar trámites judiciales, principalmente para ser juzgados, pero luego eran devueltos al país que los había entregado.
97 PRESOS EN 28 CÁRCELES
Actualmente hay 97 presos etarras repartidos en 28 cárceles francesas y otro en una cárcel portuguesa de Monsanto (Lisboa), según los datos recogidos por Europa Press. En Francia se encuentran pesos pesados de la organización y muchos de sus últimos grandes dirigentes como Mikel Albisu, 'Mikel Antza' o Soledad Iparraguirre 'Anboto'. Ambos integran actualmente el cuadro de portavoces del Colectivo de Presos de ETA y por tanto gozan de una evidente influencia en ese mundo.
Según publicó 'El Correo' el pasado 3 de octubre serían 56 los presos a los que afectaría esta medida y ofrecía otros nombres como el de Félix Alberto López de Lacalle, 'Mobutu', Ibon Fernández, 'Susper', o Gorka Palacios, 'Nagi'. Ese mismo día el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, negó en rueda de prensa que exista ningún contacto entre los gobiernos español y galo para preparar el traslado de alrededor de 50 etarras una vez que se haya aprobado la ley. "Para nada el presidente Rajoy ha hablado con el presidente Hollande de este asunto", dijo.
Sin embargo, la norma regula que una resolución condenatoria sea ejecutada en otro Estado mediante la relación directa entre los órganos jurisdiccionales de ambos países, es decir, sin necesidad de que tomen parte los gobiernos. En la ley se prevé que intervengan la Fiscalía, el Juez Central de lo Penal y el de Vigilancia Penitenciaria para revisar y autorizar cada expediente.
Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press han explicado que es necesario esperar a que finalice la tramitación de la ley y sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para preguntar a Francia y el país galo comunique el número exacto de los presos que se podrían ver afectados por esta medida. En cualquier caso, estas fuentes consultadas hacen especial hincapié en que en ningún caso sería un traslado automático o en bloque y que la política penitenciaria del Gobierno no ha cambiado, es decir, que el hecho de que pudiesen ser trasladados no quiere decir que fuesen acercados al País Vasco.
SE MANTENDRÁ LA DISPERSIÓN
El Gobierno ha defendido la dispersión de presos etarras incluso después del cese definitivo de ETA. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha manifestado en multitud de ocasiones que no habrá cambios mientras ETA no se disuelva definitivamente o los presos etarras rompan de forma individual con la banda.
Según esa política de dispersión, un preso trasladado desde Francia podría seguir cumpliendo condena en una cárcel de Cádiz por lo que su situación de alejamiento con el País Vasco o Navarra apenas variaría o incluso empeoraría pese a estar en España.
Fernández Díaz se reunió el pasado 9 de septiembre en Madrid con la ministra de Justicia de Francia, Christiane Taubira. Al término de ese encuentro, España y Francia emitieron un comunicado conjunto en el que ambos países se felicitaban por "la excelente cooperación policial y judicial" y acordaron poner en marcha "un sistema permanente de intercambio de información en materia penitenciaria, que verá la luz próximamente".
El comunicado se refería a "un sistema permanente, dinámico y seguro, que sin duda servirá para mejorar el intercambio de información penitenciaria entre ambos países y, por extensión, los esfuerzos conjuntos en la lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada".
