El sobrecoste de 11,4 millones de euros que se incorporó al contrato de recogida de basuras que el Ayuntamiento de Toledo adjudicó en 2007 a la empresa Sufi, filial de Sacyr, a cambio de una supuesta donación de 200.000 euros para financiar la campaña de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se aprobó al margen de la negociación con los sindicatos que, según el PP, lo habrían justificado, ha señalado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz un trabajador de la compañía.
El empleado de Sufi Manuel Fueris, que ha declarado como testigo en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular (PP), ha señalado que el mismo día que se cerró la negociación del convenio colectivo con el comité de empresa (21 de mayo de 2007) pudo llegar desde la central de la empresa en Madrid el protocolo que finalmente se firmó con el vicealcalde de Toledo, Lamberto García Pineda, que establecía la "modificación del precio del contrato" inicialmente adjudicado.
Fueris, que ha empleado un lenguaje muy coloquial en su declaración hasta el punto de contestar a determinadas preguntas con la expresión "ni de coña" o llamar "macho" a uno de los letrados de la acusación, no ha reconocido el contenido del protocolo, en el que aparece su firma, y ha dicho que el acuerdo real que se alcanzó con el comité de empresa incluía un menor sobrecoste.
En este sentido, ha dicho que el protocolo que derivó en el sobrecoste, que fue aprobado "por vía de urgencia" por el equipo de Gobierno del exalcalde José Manuel Molina (PP) dos días antes de las elecciones municipales, debió de llegarle a otro trabajador, Juan Carlos Uzal, que ha negado este extremo y tampoco ha reconocido el documento.
En lo que sí han coincidido los dos testigos es en atribuir al nuevo equipo de Gobierno, del socialista Emiliano García Page, el "desplazamiento patrimonial" que se produjo con la modificación del contrato, que inicialmente estaba previsto por un total de 6,13 millones de euros anuales por un periodo de diez años.
Según un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) que obra en la causa, el nuevo contrato se aprobó "omitiendo total y absolutamente el procedimiento legalmente establecido y careciendo de los informes preceptivos", por lo que sería "nulo de pleno derecho".
NIEGAN LAS COMISIONES
También ha declarado el consejero delegado de Sufi, Pedro Sigüenza, que ha asegurado desconocer que la adjudicación del contrato fuera la contraprestación a una comisión de 200.000 euros, como aseguró el pasado 15 de julio de 2013 el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas.
En este sentido, ha dicho que él no trató este asunto en ninguna reunión. Según el extesorero, Cospedal se encargó de poner en contacto al entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, y el consejero delegado de la firma y actual presidente, Manuel Manrique, con Vicente Tirado, secretario general del PP de Castilla-La Mancha.
Al igual que el exalcalde Molina, Sigüenza ha defendido que tuvieron que aprobar el nuevo convenio colectivo "de sopetón" porque los trabajadores convocaron una huelga de basuras unos días antes de la celebración del Corpus. De igual modo, ha dicho que la compañía no se benefició del sobrecoste porque el dinero repercutió en la mejora salarial de los trabajadores, a los que se concedió el máximo de las exigencias que habían planteado.
El interventor del Ayuntamiento explicó este lunes que el protocolo que modificó el contrato se suscribió sin el "preceptivo" informe de fiscalización de la Intervención, que no se incorporó al expediente hasta 2008, cuando él mismo advirtió de que el anterior acuerdo era "nulo de pleno derecho".
DONACIÓN FINALISTA
En su declaración ante Ruz, Bárcenas vinculó este contrato a una donación para sufragar la campaña de la candidata del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal. El extesorero dijo que las entregas de dinero que recibía el PP "jamás fueron finalistas, salvo una, en Castilla-La Mancha".
El gerente del PP castellano-manchego, José Ángel Cañas, redactó en febrero de 2007 un recibí por importe de 200.000 euros aunque aseguró ante el juez Ruz que lo hizo "al dictado" de Bárcenas, al que llegó a calificar de "violento", y sin llegar a percibir nunca ninguna cantidad.
