El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas trabaja en un paquete de medidas que tiene como objetivo facilitar a los ayuntamientos la devolución de los préstamos concedidos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para saldar las deudas contraídas con sus proveedores.
Según la alcaldesa, María José García-Pelayo, estas medidas se van a aprobar “antes de final de año” y están fundamentalmente enfocadas a favorecer la “reestructuración” de la deuda de los ayuntamientos en dificultades.
Una de las medidas consiste en la “bajada de los tipos de interés” que están pagando esas administraciones, que en algunos casos se sitúan “en el 5 y el 6 por ciento”, estando previsto que se reduzcan “en cuatro o cinco puntos”.
De ser así, ello podría suponer “un ahorro anual de 20 millones de euros” para las arcas municipales, una cantidad “muy importante” que pone de manifiesto que el Gobierno central “no deja de lado” a los ayuntamientos que se encuentran “en una situación límite”.
Precisamente ayer, IULV-CA advertía de que la deuda municipal alcanza ya los 575 millones de euros, lo que equivale a una deuda por habitante de 2.700 euros. A este respecto, la organización entiende que el Gobierno local “aparenta ante la opinión pública haber resuelto este problema, cuando la realidad es que lo remite para su cancelación a 20 años vista y lo incrementa, aceptando el pago de intereses abusivos”. Y aquí se ponen como ejemplo a los préstamos ICO suscritos por el Ayuntamiento para su pago al 5 por ciento de interés anual y a otras fuentes financieras con intereses aún más altos.
Según IULV-CA, “ello va a suponer el desembolso de anualidades de amortización media de la deuda de más de 46 millones de euros durante los próximos años, lo que supone el 20 por ciento del presupuesto municipal actual (229 millones de euros), y dificultará, cuando no anulará, cualquier política efectiva para incentivar la economía”.
