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El Estado posee 425 inmuebles repartidos por la provincia de Cádiz

El patrimonio estatal se compone por edificios militares, pisos, fincas rústicas y solares, entre los que se encuentran construcciones emblemáticas, como el Castillo de San Sebastián, recientemente rehabilitado con motivo del la celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812

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  • El Castillo de San Sebastián

Si todavía queda un gran terrateniente en Cádiz, ése es el Estado. Desde fincas rústicas hasta solares desiertos, pasando por cuarteles militares y edificios en las mejores zonas de la ciudad y, sobre todo, de la provincia. Sólo en Cádiz, cuenta con 425 propiedades inmobiliarias que acumulan un valor prácticamente incalculable. Las posesiones estatales se reparten entre los distintos ministerios dependiendo del uso al que estén destinadas. También existen varios edificios y terrenos rústicos que se encuentran en el olvido y simplemente pasan a engordar la lista patrimonial del Estado.

Estas posesiones se pueden cotejar en el nuevo Portal de la Transparencia que ha abierto el Gobierno Central recientemente.

El Ministerio de Defensa es el que más propiedades tiene en la provincia de Cádiz, exactamente 131. La extensión más importante la ocupa en cinco municipios de la provincia: Rota, Algeciras, Tarifa, San Fernando y Jerez.

Entre los terrenos más importantes habría que destacar, por extensión, la Base Naval de Rota, Torregorda (entre las localidades de Cádiz y San Fernando), Punta Paloma y Sierra Plata en Tarifa, el equipamiento que posee en la zona de Botafuegos en Algeciras, el Centro Militar de Cría Caballar de Jerez, y Camposoto y barriada de San Carlos en San Fernando.

Sólo en el municipio vecino de San Fernando, entre el equipamiento que posee en Fadricas, La Carraca, la barriada de San Carlos, el Puente Zuazo y Camposoto suman más de 3 kilómetros cuadrados. 

El resto de ministerios también se reparten un buen lote de propiedades en el que se encuentran terrenos rústicos (no urbanizados), solares sin uso, a la espera de ser calificados para su urbanización y, también, numerosos pisos vacíos repartidos por toda la provincia.
Todas las relaciones de bienes inmuebles del Estado están exentas de pagar impuestos municipales. En el apartado de fincas rústicas, es decir no urbanizables, el Estado posee un total de 41terrenos, mientras que en el apartado de solares la cifra asciende a 74.

En venta
El Instituto de Vivienda, Infraestructura  y Equipamiento de la Defensa (Invied) apuntó en su Memoria de Actividades del año 2013, que el Ministerio de Defensa ingresó un total  de 18.411.082 euros procedentes de la venta de solares e inmuebles sin uso a lo largo de ese ejercicio.

Asimismo, se vendieron 136 viviendas militares y cuatro locales en toda España, conceptos por un importe total de 14,6 millones.

En 2013 se enajenó el Centro Cultura de los Ejércitos en Cádiz (más conocido como Casino Militar, ubicado en plena calle Ancha). Después de varias subastas y una continua bajada de en el precio, que supuso una rebaja de casi 1,2 millones de euros con respecto al primer precio que se negoció, el Casino Militar se vendió en 2013, acabando así con seis años de incertidumbre. El nuevo propietario de la finca, un inversor frances, ha transformado el edificio en apartamentos turísticos que empezarán a funcionar en breve (la previsión incial era que pudiesen ponerse a disposición del público en estos carnavales).

Según el Ministerio, en 2013, se creó la Oficina Comercial del Invied, que permite incrementar la presencia del instituto en el mercado inmobiliario y realiza “una amplia labor publicitaria” a través del Internet. Se centra, sobre todo, en las propiedades con posibilidad de ser enajenadas, las que están a la venta mediante subasta pública y aquellas que ya han salido a subasta sin éxito, pudiendo ser enajenadas directamente.

Otro de los bienes inmubles que el Estado puso en venta en Cádiz capital en 2013 fue parte del Instituto Hidrográfico, pero por el momento no ha conseguido encontrar un inversor para este parcela.La Administración General del Estado no concretó qué terreno del Hidrográfico es el que enajena.

También llamaba la atención la presencia dentro del Plan de venta del Estado de una de las bóvedas del Baluarte de San Roque, en la avenida Fernández Ladreda, propiedad actualmente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied). En concreto, se trata de la bóveda número 2, con una superficie de 150,10 metros cuadrados.

Junto a esto salieron a la venta una docena de locales situados en la avenida de la Marina, algunos de ellos vacíos y otros en régimen de alquiler y en uso por distintos negocios, oscilando las superficies de los locales entre los 42,40 metros cuadrados del más pequeño y los 176,70 metros cuadrados el más grande.

La Almoraima
El pasado jueves 8 de enero se cumplieron doce meses desde que el entonces ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunciara el precio de salida para la venta de la finca pública estatal La Almoraima: 300 millones de euros por un enclave de 14.113 hectáreas rico en recursos naturales, ubicado en el corazón del Campo de Gibraltar y expropiado en 1983 a Rumasa por el Gobierno socialista.

A los pocos días del anuncio de Cañete, la Consejería de Medio Ambiente puso en marcha el procedimiento para la ampliación del parque natural de Los Alcornocales que, entre otras medidas, contempla la integración en éste de la totalidad de la superficie de la finca. Actualmente, 12.760 hectáreas de La Almoraima ya están dentro del parque y el plan para sumar el resto -lo que limitaría en gran medida el abanico de usos posibles- va a salir a exposición pública de forma inminente. El Gobierno central replicó entonces que se estaban cercenando las posibilidades de futuro para el municipio.

Para los colectivos contrarios a la venta también ha sido un año intenso. Tanto la plataforma social del Campo de Gibraltar como los sindicatos con presencia en la comarca han mantenido varias concentraciones. Incluso el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) llegó a manifestarse por la titularidad pública y el uso social de la finca. No obstante, el movimiento ciudadano no ha caído en el suspenso. El próximo domingo 18 el SAT volverá a marchar por el municipio, en este caso contra el "abandono" al que se somete la finca por parte del Gobierno central y de la Junta a la hora de hacer de este paraíso natural un foco de generación de empleo.

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