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Concejales de Tomares no declaran en un caso de cohecho investigado por una juez

Dos concejales de Tomares (Sevilla) se han acogido hoy a su derecho a no declarar ante la juez de instrucción 8 de Sevilla, Reyes Flores Canales, que investiga un delito de cohecho en el que ha imputado a tres ediles y a tres empresarios, que tampoco han hablado

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Dos concejales de Tomares (Sevilla) se han acogido hoy a su derecho a no declarar ante la juez de instrucción 8 de Sevilla, Reyes Flores Canales, que investiga un delito de cohecho en el que ha imputado a tres ediles y a tres empresarios, que tampoco han hablado.

Fuentes judiciales han explicado que hoy estaban citados a declarar tres concejales, todos del PP, aunque finalmente solo han acudido al juzgado dos por la enfermedad de uno de ellos, así como tres empresarios, pero solo lo hicieron dos.

Ante la juez han comparecido el concejal de Presidencia, Eloy Carmona, y el de Hacienda, Miguel García de la Rosa, y también estaba citado el de Deportes, José María Soriano.

Los imputados, que niegan las acusaciones, han presentado un escrito al juzgado relativo a las indagaciones de la instructora.

La juez les imputa como una variante del caso de trabajos no realizados que habría encargado el Ayuntamiento de Tomares, y las nuevas diligencias se derivan de las declaraciones en la causa principal, de la que ha elevado una "exposición razonada" al Tribunal Supremo tras detectar indicios contra el alcalde, José Luis Sanz (PP).

Según las indagaciones judiciales, el Ayuntamiento habría contratado trabajos que no estarían justificados, y por ello otro juzgado de Sevilla, el de instrucción 19, tiene abierta una causa similar.

En los tres procedimientos está imputado el concejal Eloy Carmona, que declaró en enero pasado en el juzgado de instrucción 19 por presuntos informes falsos que se atribuyen al expresidente local del PP Mariano Cuesta Núñez, también imputado.

En este caso, la Fiscalía de Sevilla presentó una denuncia en los juzgados por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación por tres informes de un plan de emergencia municipal por valor de casi 5.000 euros.

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