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Lunes 17/06/2024  

Campo de Gibraltar

UPyD San Roque lleva en su programa la aprobación definitiva del PGOU

UPyD se compromete a colaborar activamente con la Agencia Tributaria en el control estricto, sistemático y reglado de sobre el planeamiento urbanístico y su desarrollo, con el fin de favorecer su capacidad de lucha contra el fraude inmobiliario y la corrupción

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UPyD se compromete a promover el impulso definitivo para la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, adaptado a las necesidades de San Roque bajo la óptica de atender las necesidades de crecimiento y armonización de usos del territorio desde el máximo respeto a la conservación de sus valores y a la protección del suelo no urbanizable.

Para ello es necesario considerar en todos los instrumentos de planeamiento  el concepto de "capacidad de carga del territorio" y las necesidades sociales en materia de vivienda para limitar la clasificación del suelo urbanizable, evitando nuevos desarrollos incompatibles con las infraestructuras existentes.

Por ello, UPyD propone considerar como eje de la actividad urbanística y residencial municipal, la transformación del interior de los núcleos urbanos frente a la creación de nuevos desarrollos residenciales. Promover una política intensiva de regeneración de las barriadas, cuyo objeto comprenderá la rehabilitación del parque de viviendas, así como la mejora del espacio urbano, en ambos casos con los máximos niveles de eficiencia energética.

Promover la mezcla de usos y densidades suficientes para acercar los equipamientos, los comercios y los puestos de trabajo a los habitantes, favoreciendo los desplazamientos cortos a pie y la interrelación entre los vecinos, reservando las plantas bajas de la edificación para usos comerciales, administrativos, artesanales, de reunión y uso colectivo, etc. Así como los espacios intermedios para implantar en ellos áreas de juegos, deportivas, infantiles, etc.
Promover un modelo de ciudad "policéntrico", con tipologías edificatorias residenciales respetuosas con el medio ambiente, el entorno urbano y la tradición histórica.
Proponen actuaciones para la mejora de la conservación del Patrimonio, ya sea histórico, edificado o paisajístico, no promoviendo la descatalogación de elementos protegidos  por ninguna causa.

Apuestan también por desarrollar el Plan Integral Industrial de San Roque facilitando la implantación de nuevas empresas (especialmente industria de alta cualificación) en los polígonos industriales que se encuentran con baja ocupación empresarial; y facilitar el desarrollo de infraestructuras complementarias para el desarrollo del tejido industrial y sector terciario en el municipio vía PGOU, así como actuaciones en sectores concretos (turismo y deportes) con nuevas infraestructuras.

Entre las medidas incluyen incrementar la participación pública y el acceso a la información urbanística publicando todos los documentos urbanísticos completos en la páginas web municipal, de forma accesible y manejable por el ciudadano; haciendo posible que la ciudadanía se pronuncie mediante consulta popular vinculante sobre los proyectos importantes, usando para ello el mecanismo de la consulta popular facultativa recogida en la actual Ley de Bases de Régimen Local; garantizando un trámite de información pública, así como su máxima difusión y efectividad, previo a la formalización de convenios urbanísticos. Estos deberán incorporar un estudio económico-financiero en el que se evalúen las plusvalías a generar, así como las formas y plazos en que el ayuntamiento participará de dichas plusvalías.

UPyD se compromete a colaborar activamente con la Agencia Tributaria en el control estricto, sistemático y reglado de sobre el planeamiento urbanístico y su desarrollo, con el fin de favorecer su capacidad de lucha contra el fraude inmobiliario y la corrupción.
Asimismo, limitar los convenios de planeamiento con particulares a aquellos que muestren un importante interés general para San Roque, restringiendo especialmente los que tengan por objeto establecer cesiones urbanísticas y de los que pretendan sustituir las cesiones urbanísticas preceptivas por su equivalente en dinero.
Y, por útimo, garantizar que las plusvalías derivadas de los procesos urbanísticos quedan en manos públicas. Prohibir la venta de estos aprovechamientos urbanísticos y establecer la obligación de dedicarlos a la promoción de vivienda pública o fines equivalentes.

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