El PSOE-A de Jerez ha lamentado hoy que “España dé un nuevo paso atrás que mina la democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos” ante la entrada en vigor en esta jornada de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana o ‘ley mordaza’.
Para Ainhoa Gil, Secretaria de Organización de la Agrupación Local del PSOE, esta nueva norma aprobada en solitario por el PP representa “una anacrónica vuelta al Estado policial que instaura, además, el `Derecho Administrativo Sancionador del enemigo´. Así para los socialistas jerezanos “su objetivo es sancionar al disidente, al que protesta, al considerar que quien protesta altera, no la seguridad, sino la `tranquilidad pública´”.
“Esta ley- añade- habilita a la policía para el ejercicio de poderes exorbitantes de inspección, retención, investigación, represión y sanción, mediante la penalización de ciertas conductas heredadas de otros regímenes felizmente pasados”.
Desde el PSOE se entiende que el cambio político que arrojaron las urnas el pasado 24 de mayo está justificado contra quienes como “el PP atentan contra la Constitución porque les molesta la gente en la calle. Si el Ejecutivo quiere frenar las protestas sociales que tanto les perturban, lo que debe es rectificar su política económica y echar freno a la desigualdad, pero no arremeter contra el ciudadano que protesta. Con esta ley, el PP demuestra que no acepta el derecho a la queja y a la discrepancia”.
Gil entiende que “con la excusa de la crisis, el PP ha recortado los derechos sociales. Ahora, con la excusa de la seguridad, busca cercenar las libertades políticas y civiles. Un nuevo recorte de derechos que se suma a los ya perpetrados durante estos tres años del PP en educación, sanidad, derechos laborales, justicia…”
En opinión de la responsable de organización del PSOE- A de Jerez “frente al argumento de que hay que proteger mejor la tranquilidad de los ciudadanos y sus derechos fundamentales, conviene señalar que eso, y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, se logra con la persecución de conductas delictivas y la sanción, incluso administrativa, de aquellas conductas que o bien son una lesión real y efectiva de derechos fundamentales de terceros, o bien esas conductas constituyen amenazas probadas, reales, efectivas e inminentes de lesión de esos derechos fundamentales, en particular vida, integridad física y moral, y su propiedad”.
Una ley retrógrada
Finalmente los socialistas jerezanos aseguran que esta nueva Ley “es intolerable para un sistema democrático e infringe los principios de culpabilidad y de taxatividad del régimen sancionador, porque no es tolerable la sanción preventiva de conductas sobre las que sólo existe la sospecha de que pueden ser lesivas de derechos; además de que se sustenta en juicios discrecionales y arbitrarios de la Administración”.
Con todo el PSOE advierte que “procederá a derogar en cuanto regrese al Gobierno esta norma absolutamente innecesaria, que supone un recorte de derechos políticos y civiles recogidos en la Constitución, por lo que lo único que busca el Gobierno es un retorno al Estado policial”. “El Gobierno del PP tiene miedo a la contestación social, le molesta y convierte a ciudadanos que protestan en ciudadanos bajo sospecha, a los que quiere acallarla a base de golpes de su mayoría absoluta”, sentenció.
Estado sancionador
Con esta norma, por citar varios ejemplos, se podrá castigar con hasta 30.000 euros una manifestación para impedir un desahucio o con hasta 600 euros las faltas leves, que son las más comunes. Se podrá multar a quien difunda imágenes de antidisturbios golpeando sin necesidad a manifestantes, o considerar una amenaza a la seguridad ciudadana negarse a mostrar el DNI. Además, quienes participen en una manifestación espontánea, esto es, no notificada previamente a la Delegación del Gobierno –cosa que ocurre en el 50% de las protestas- podrán ser también multados.
