El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, y su equipo de gobierno del PP salvaron ayer su punto más comprometido en lo que va de mandato municipal al sacar adelante la petición al Gobierno de un crédito de más de 70 millones de euros para el pago de sentencias firmes a más de 400 particulares y empresas, muchos de los cuales llevan hasta dos décadas de espera. Y no lo hicieron en el Pleno, donde por primera vez quedaron en minoría frente a los tres grupos de la oposición, sino imponiendo su mayoría en la junta local de gobierno, un instrumento con enorme poder competencial para los alcaldes tras la entrada en vigor a finales de 2013 de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
PSOE, Ciudadanos (C´s) y Jaén en Común (JeC) votaron en el Pleno en contra del fondo de liquidez que el Ministerio de Hacienda otorga a los ayuntamientos para el pago de sentencias condenatorias, y cuyo plazo para adherirse al mismo expiraba ayer miércoles. Los tres grupos de la oposición justificaron su rechazo por la falta de documentación (el PP no les entregó el listado de acreedores) y por las muchas dudas legales que plantea esta operación a tenor del informe emitido por el interventor del Ayuntamiento alertando que se incumplía el principio de estabilidad presupuestaria.
“De lo que se trata es de acabar con una enorme injusticia”, señaló el concejal de Hacienda, Manuel Bonilla, en alusión al pago de las sentencias, algunas pendientes desde hace más de 20 años. Bonilla fue el encargado de bailar con la más fea y defender un plan que conlleva la modificación del plan de ajuste del Ayuntamiento jienense. Según dijo, el plan no aumenta el endeudamiento municipal (sí la carga financiera al tener que pagarse un préstamo a 10 años al 4%) y añadió que el crédito está avalado por el aumento de la recaudación municipal que el PP espera al entrar en vigor el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Sólo en los dos primeros años del plan se prevén unos ingresos anuales de 4,4 millones de euros y de casi 2 millones los años restantes por el dinamismo empresarial derivado del PGOU.
“¿Cómo vamos a devolver 70 millones en 10 años con la situación actual?”, se preguntó la viceportavoz del PSOE, Mercedes Gámez, que pidió al PP que no les hagan responsables del pago de estas deudas. Y aquí se originó la primera bronca del Pleno al recordar el alcalde que entre las sentencias pendientes de pago había muchas de gobiernos socialistas, entre ellas la de la expropiación de la gasolinera del Polígono de El Valle durante el mandato de José María de la Torre.
Desde Ciudadanos, Iván Martínez, dio que este plan es un “mero parche” y abogó por un plan de viabilidad económica global. “¿Cómo se pueden seguir pidiendo créditos y luego solicitar la municipalización de empresas en crisis?”, se preguntó el edil de C´s en alusión a la subrogación de las plantillas de Onda Jaén y Epassa. Y María Dolores Nieto, de Jaén en Común, calificó de “leoninas” las condiciones del plan y advirtió que aunque las sentencias pendientes ascienden a 63 millones el coste final para el Ayuntamiento será de 85 millones por los intereses financieros. El grupo de JeC se mostró abierto a cambiar el sentido de su voto si el PP se comprometía a una declaración pública rechazando una Ley que, a su juicio, es imposible de cumplir y que “coloca al Ayuntamiento en quiebra técnica y política”.
Finalmente, el alcalde zanjó el debate con un discurso en el que intentó dejar en evidencia a la oposición. “Ustedes [por la oposición] van a votar no a que se les paguen los atrasos a policías y bomberos, a los trabajadores de los Alpes o a 400 personas y empresas de Jaén”, dijo Fernández de Moya, en tono populista, y después de elogiar, una vez más, el “gran aliado” para la ciudad que es el Gobierno de España.
Tras rechazarse la adhesión al plan de liquidez por el Pleno, el alcalde convocó de urgencia una Junta Local de Gobierno para el medio día en la que, en apenas un par de minutos, el PP impuso su holgada mayoría (tiene 6 representantes y uno cada uno PSOE, C´s y JeC) y aprobó la solicitud al plan. El alcalde dijo que con la junta de gobierno “les salvaba la cara” a la oposición, e incluso amenazó con remitir el acuerdo plenario a los jueces que están reclamando la ejecución de las sentencias condenatorias contra el Ayuntamiento. De esta manera, agregó Fernández de Moya, también podrían imponérsele a los ediles de la oposición multas coercitivas similares a la recibida en su día por el alcalde (6.000 euros) por la no ejecución de las sentencias.
Junta de Gobierno
La modificación que el Gobierno del PP hizo a finales de 2013 de la Ley de Administración Local reforzó sustancialmente las competencias de la junta de gobierno local. Ayer se comprobó en Jaén, cuando el PP impuso su mayoría para sacar adelante un crédito que la oposición había tumbado en el Pleno. Pero puede que el PP se apoye más veces en la junta de gobierno, ya que incluso tiene competencias para aprobar los Presupuestos, siempre y cuando exista uno anterior prorrogado, y también para aprobar los planes económico-financieros, de ajuste y de saneamiento. A pesar deque la Ley estipula que los miembros de la junta local de gobierno “responden solidariamente ante el Pleno”, se les conceden otras muchas atribuciones como los proyectos de gestión urbanística y de urbanización, la concesión de cualquier tipo de licencia e incluso la relación de puestos de trabajo y las retribuciones del personal municipal.
