El juez del "caso Rato" ha decidido mantener en prisión a Alberto Portuondo, administrador de la empresa pantalla gracias a la que Rodrigo Rato cobró presuntamente comisiones de dos empresas a cambio de los contratos de publicidad de Bankia, ante el riesgo de que pueda fugarse y destruir pruebas.
El juez Antonio Serrano-Arnal le ha imputado formalmente los delitos de blanqueo de capitales en el extranjero y corrupción entre particulares, y ha ratificado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza que ya decretó el juez de guardia el pasado domingo.
Y ello porque considera que Portuondo, que fue detenido el pasado domingo en el aeropuerto de Madrid-Barajas cuando se disponía a volver a México, país en el que reside, podría huir de la acción de la Justicia o destruir pruebas fundamentales para el caso en el que Rato está imputado por cinco delitos fiscales y blanqueo.
Portuondo, que ha sido conducido a primera hora de la mañana en un furgón de la Guardia Civil a los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, ha declarado ante el magistrado durante alrededor de dos horas.
Según han informado fuentes jurídicas, el empresario ha respondido a todas las preguntas que le ha formulado el juez y la fiscal del caso, Elena Lorente, y han destacado su colaboración activa en el desarrollo de su interrogatorio.
Tras responder a las cuestiones, el imputado ha permanecido más de una hora repasando su declaración, tras lo cual ha vuelto a ser llevado a los calabozos para regresar a la cárcel de Soto del Real (Madrid).
Al término del interrogatorio, su abogado, Javier Espiga, ha asegurado a los periodistas que "todo lo que se está diciendo no tiene ningún tipo de apoyo o carga de prueba" contra su cliente y que habrá que esperar a ver cómo evoluciona el caso.
Serrano-Arnal, que prosigue con la instrucción mientras la Audiencia Nacional decide sobre la inhibición que le planteó, ha mantenido el secreto de sumario sobre esta parte de la investigación.
Debe ser el instructor del "caso Bankia", Fernando Andreu, el que primeramente decida si existe conexión con la causa en la que investiga presuntas irregularidades en su fusión y salida a bolsa y, por tanto, asumir la investigación, o devolverlo para que se reparta entre los seis jueces centrales de la Audiencia.
Por el momento, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) alertó en su último informe de que Rato podía haber estado blanqueando dinero en el exterior, y sospechaba de dos pagos que había recibido Albisa por parte de las empresas de publicidad Zenith Media y Publicis Comunicaciones.
El empresario, que prestaba servicios de consultoría a la presidencia de Bankia mientras estuvo ocupada por el ex director gerente del FMI, habría intercedido para que esas dos sociedades se hicieran con el concurso de las campañas de publicidad de la entidad en 2010 y 2011, llevándose a cambio hasta dos millones en comisiones.
Ambas multiplicaron su facturación con la entidad bajo el mandato de Rato, y solo Zenith pasó de 150.000 euros en 2010 a 24 millones al año siguiente y 16 millones en 2012, año en el que Juan Ignacio Gorigolzarri se hizo con las riendas del banco.
De los dos millones cobrados en comisiones por servicios que en realidad no realizó, casi uno acabaría en manos de la principal empresa de Rato bajo sospecha, Kradonara, según los investigadores.
A su vez, ésta desvió presuntamente 420.000 euros a la alemana Bagerpleta GmbH, propietaria de un hotel en Berlín y de la que Rato posee un 44 %
Desde que el informe de la Onif que recogía todos estos indicios, llegara al Juzgado a finales de julio, los investigadores de la UCO, a quienes Serrano-Arnal encargó la investigación del delito de blanqueo, pusieron el foco sobre la figura de Portuondo y comenzaron a cruzar declaraciones y otros datos, que culminaron con su arresto e ingreso en prisión.
