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El juez declara en concurso de acreedores a comercializadora agrícola Agrupaejido con 600 trabajadores

El Juzgado de lo Mercantil 1 de Almería ha declarado en concurso voluntario de acreedores a la comercializadora hortofrutícola 'Agrupaejido SA' al considerar que la documentación aportada "acredita la insolvencia alegada por la mercantil" para "cumplir regular y puntualmente sus obligaciones"

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El Juzgado de lo Mercantil 1 de Almería ha declarado en concurso voluntario de acreedores a la comercializadora hortofrutícola 'Agrupaejido SA' al considerar que la documentación aportada "acredita la insolvencia alegada por la mercantil" para "cumplir regular y puntualmente sus obligaciones", y ha ordenado la intervención de las facultades de administración y disposición del consejo que preside Cecilio Guillén.

   El auto declara también en concurso las empresas 'Luciasol SL', 'Claudiasol SL' y 'Explotaciones Agrícolas Finca Guillén SL' y nombra un único administrador concursal ya que estima que, si bien las cuatro empresas no constituyen un grupo, sí existe una "unidad de decisión" sobre ellas, por lo que resulta "evidente la conveniencia de que una única persona maneje" toda la información y valore "en conjunto" todos los datos para "evitar la toma de decisiones contradictorias y perjudiciales".

   En su resolución, consultada por Europa Press, la jueza María Luisa Delgado designa como administrador concursal a la entidad mercantil 'Lexaudit Concursal' y se aviene a la petición de 'Agrupaejido SL' que, aludiendo a su "importante incardinación en la provincia", pidió que se nombrase un administrador con un "ámbito de actuación que excediese Almería" para "evitar incompatibilidades legales".

   La comercializadora, que genera poco menos de 600 puestos de trabajo directos según los datos de UGT y a la que venden unos 2.000 agricultores, solicitó la declaración el 13 de julio tras romperse la negociación en marcha para la reestructuración de su deuda, que la entidad financiera Cajamar cifró en ese momento en más de 70 millones de euros.

   La situación dio lugar a un cruce de acusaciones entre Cajamar y el consejo de administración de Agrupaejido SA, que culpó al 'pool bancario' liderado por esta entidad financiera de abocar a la comercializadora a esta situación y acordó acciones legales por vía penal presunta estafa y administración desleal tras cesar a sus representantes.

   Por su parte, Cajamar achacó la situación a una previa mala gestión de Guillén y la calificó de "tan mala" que, "sin el apoyo de los 15 bancos acreedores y la reestructuración la deuda con quitas consensuadas por cada uno de ellos", conduciría "a la inevitable liquidación de la compañía", que, sin embargo, no ha solicitado Agrupaejido SA, según se recoge en el auto.

   En concreto, la entidad financiera hizo referencia a que la mercantil se encontraba al borde la quiebra en julio de 2010 debido a las "inversiones fallidas de su principal accionista, Cecilio Guillén, en el sector inmobiliario y en el sector del perfume" y señaló que estas, "completamente ajenas a su actividad empresarial originaria", la llevaron a "pérdidas por las que no podía hacer frente al pago de las liquidaciones mensuales de sus agricultores".

   Según su cronología lideró entonces un acuerdo con las demás entidades bancarias "para hacer posible el rescate de Agrupaejido, mantener sus puestos de trabajo y dar servicio al campo almeriense", lo que se ejecutó mediante un crédito "sindicado" por importe "de más 100 millones de euros con el que se evitó la caída de la empresa".

   "Cinco años después, ante el incumplimiento de los pagos acordados, se puso sobre la mesa un nuevo plan de reestructuración de la deuda que fue rechazado por Cecilio Guillen, quien, si hubiese aceptado las alternativas y el nuevo plan de reestructuración propuesto por las entidades bancarias, podría haber pagado a sus trabajadores y a sus agricultores y haber continuado desarrollando su actividad la próxima campaña", concluía.

   En respuesta, Agrupaejido señaló que la crisis se habría desencadenado por causa de la "no atención" a la cuota de amortización de enero de 2015, "de importe 1.987.634 euros" y criticó que, hasta ese momento, la mercantil había sido "obligada a realizar pagos anticipadamente a cuenta de cuotas que vencían en el año 2022, llevando abonado a esa fecha una cantidad superior a los 5.500.000 euros.

   La comercializadora, al margen de asegurar que su nivel de facturación "hacía posible su viabilidad" sin que fuera esto impedimento para presentar un concurso de acreedores voluntario, acusaba a los representantes de ese 'pool bancario' en el consejo de administración de haber "trabajado exclusivamente en su beneficio, mejorando sus garantías, anticipando los cobros millonarios en perjuicio de la tesorería de la entidad y facilitando gastos de comisiones en operaciones bancarias innecesarias para la empresa y sobre la base de una política de desinversión en contra de todos los intereses de la compañía y en favor exclusivo de las entidades bancarias".

INVENTARIO DE BIENES

   En su auto, el Juzgado de lo Mercantil 1 requiere al administrador concursal para que, en el plazo de dos meses, elabore su informe, y comunique "sin demora e individualizadamente" a cada uno de los acreedores el concurso para que comuniquen sus créditos. También dispone que se dé traslado a la AEAT, a la Seguridad Social y al comité de empresa/representantes de los trabajadores, haciéndoles saber su derecho a personarse en el procedimiento.

   Por último, adjunta un inventario de bienes que recoge un total de 46 fincas en los municipios de Almería capital, Roquetas de Mar y El Ejido, y 21 vehículos, entre ellos cabezas tractoras y semirremolques, y ordena que se determine la masa activa, así como la masa pasiva para la clasificación de créditos.

   Agrupaejido SA ha convocado a los accionistas de la sociedad a junta general extraordinaria para el 22 de octubre. En el orden del día figura la aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio de la campaña 2013-2014, el informe de auditoria de las cuentas anuales, el nombramiento de auditores de cuentas, de socios interventores y delegación de facultades de protocolización.

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