Un total de 36.640 personas en la provincia de Huelva -18.029 hombres y 18.611 mujeres- presenta de forma oficial una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, límite que marca la legislación a partir del cual se determina esta consideración, según han informado a Europa Press desde la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
Así, la Delegación cuenta entre sus servicios con un centro de orientación y valoración, que es el dispositivo de la Junta encargado del reconocimiento del grado de discapacidad en un ciudadano, así como de la gestión de las medidas de protección social a las que puede acceder el colectivo.
En concreto, en lo que va de año, el centro de valoración y orientación de Huelva ha atendido un total de 4.026 solicitudes de reconocimiento del grado de discapacidad en una persona, de las que 2.168 fueron nuevos expedientes y 1.858 correspondieron a revisiones para su actualización en población que ya tenía reconocida con anterioridad una discapacidad.
De este modo, el centro de valoración onubense ha tramitado 4.072 solicitudes más referidas a otros procedimientos, entre los que se encuentran las pensiones no contributivas, tarjetas acreditativas de grado, reclamaciones o tarjetas de aparcamiento. En este último caso, en Huelva existen en estos momentos 3.171 personas que tienen concedida y en vigor la tarjeta de aparcamiento de vehículos para población con movilidad reducida.
Según ha comentado el delegado territorial del ramo, Rafael López, el apoyo e integración social de las personas que padezcan alguna discapacidad "es una de las principales prioridades de la Junta, tal y como demuestra que en los últimos años haya apostado firmemente por que la dimensión de la discapacidad esté presente, desde una perspectiva transversal, en todas sus acciones de gobierno".
Los centros de valoración y orientación juegan, en este sentido, "un papel fundamental, al ser la puerta de entrada de los ciudadanos a los recursos sociales existentes, además de ocuparse de ofrecer información y asesoramiento a este sector poblacional", ha añadido el delegado territorial.
La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales dispone de nueve centros de este tipo en Andalucía, uno en cada capital de provincia y otro más en Algeciras (Cádiz), que se ocupan, entre otras funciones, de valorar y orientar, así como detectar, informar y asesorar a las personas con discapacidad. Asimismo, son los responsables de emitir los certificados de grado de discapacidad y los dictámenes técnicos facultativos para el acceso a aquellas medidas de protección social vigentes para este colectivo.
Su actividad se enfoca al reconocimiento del grado de discapacidad y a elaborar dictámenes para poder recibir una pensión no contributiva por discapacidad, así como de la expedición de tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y de la emisión de certificados de aptitud laboral para el acceso al empleo público.
NUEVA LEY
En una "nueva muestra de su compromiso" con el colectivo, la Junta está ultimando la aprobación de la nueva Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, que "promueve una mayor visibilidad y protagonismo de estos ciudadanos", impulsando su autodeterminación, capacitación y empoderamiento, así como el fomento de su vida independiente, el enfoque de género y la accesibilidad a las prestaciones de forma individualizada.
Con ella, Andalucía se vuelve a situar "una vez más a la vanguardia" en el conjunto del Estado español en la adopción de políticas sociales y de protección de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad. A todo ello se suma "el esfuerzo por mantener las prestaciones en materia de dependencia a pesar de los recortes efectuados desde el Gobierno central".
