Han transcurrido ya más de cien días desde su toma de posesión. Entonces anunció los pilares sobre los que iba a sustentarse su gestión: la creación de empleo, la necesaria concertación de esfuerzos con los Ayuntamientos –sobre todo los de municipios de menos de 20.000 habitantes- y la apertura de un nuevo marco de relaciones con la sociedad desde los principios de la cercanía y la transparencia. Ahora toca desentrañar si lo está haciendo con más o menos éxito.
Hace cuatro años le preguntaban a José Loaiza qué había encontrado debajo de las alfombras al llegar a Diputación. La perspectiva es diferente, pero ¿qué se ha encontrado usted?
—Han sido cuatro años de abandono y, aunque parezca poco tiempo, han sido cuatro años muy angustiosos para muchos municipios de la provincia, sobre todo para los de menos de 20.000 habitantes. Lo que nos hemos encontrado es una administración infrautilizada que no ha sido soporte y apoyo para pequeños municipios en los momentos de más dificultad, sin liderazgo político, incapaz de poner iniciativas en marcha para paliar el principal problema que es el desempleo.
Acaba de anunciar su pretensión de convertir el Servicio Provincial de Recaudación en Agencia de Recaudación. ¿Será posible llevarlo a cabo si finalmente no todos los ayuntamientos se suman a su propuesta?
—Actualmente el Servicio tiene muchas carencias, pero ante todo quiero destacar que esta iniciativa no es una decisión propia del nuevo gobierno de la Diputación, sino que ha sido una petición casi unánime de los municipios que tienen encomendada esa tarea a la Diputación. Entendemos que el servicio es mejorable a todas luces y había además una crítica por parte de muchos municipios que notaban que se producían inusticias y había insolidaridad con respecto a la manera de funcionar. La Agencia es una medida más de todo lo que debe suponer el cambio radical de esa nueva gestión y manera de relacionarse la Diputación con todos los ayuntamientos. Tenemos una máxima: cuantos más seamos seremos más fuertes, pero también es cierto que tal y como está el servicio, bastante delicado, hay muchos ayuntamientos que se están planteando si les merece la pena un servicio provincial, que en un principios debiera agilizar y movilizar los recursos de manera más clara para dar más liquidez a los ayuntamientos, y no lo que nos hemos encontrado en este momento. La propuesta de la Agencia es un paquete de iniciativas, y algunas se han tomado ya, como hacer una nueva estructuración, desde el punto de vista organizativo, para poner en valor a los profesionales que tienen que desarrollar su labor, o cambiar el servicio informático utilizado. Esa tarea la hemos comenzado y entendemos que conjuntamente con lo que puede suponer una agencia de este tipo, ya impulsada en otras diputaciones, que funcionan con este esquema. Lo que tenemos que conseguir es que haya un sentido de justicia y de igualdad con respecto a todos los ayuntamientos a los que se presta servicio, y para que haya esa igualdad hay que tener en cuenta el otro lado de la moneda, que es la transparencia, que se igualen esos contratos y convenios con los ayuntamientos bajo parámetros claros para dar fortaleza a un servicio que debe ser igual para todos sin tintes partidarios.
Supongo que estará al tanto de que ya hay bancos proponiendo medidas similares a la de Jerez, y que desde Jerez incluso han dicho que si las medidas no son mejores que las de los bancos se mantendrán con el sistema actual, ¿cómo afronta esa competencia?
—No es que haya una competencia, es que el servicio es manifiestamente mejorable, y entiendo que aquellos ayuntamientos que pagan más por la prestación del servicio, si no cumplen las expectativas está claro que se querrán salir. Ocurrió el pasado mandato en Barbate, que vio cómo se utilizaban de forma torticera sus impuestos y son ingresos que deben llegar a los ayuntamientos y por tanto un dinero con el que la Diputación no puede hacer negocio. Lo que queremos es hacer eficiente el servicio, igualitario para todos, generando fortalezas y confianzas a todos los ayuntamientos para que se puedan nutrir y sumar los que no están dentro, y generar la tranquilidad de una gestión profesional y acorde con los tiempos de hoy.
Criticó a su predecesor que ni siquiera había visitado todos los municipios de la provincia en cuatro años. Dudo que en cuatro meses haya podido visitarlos todos...
—(Sale al paso antes de proseguir con la pregunta) Pero probablemente he visitado ya muchos más de los que él visitó... y además he recibido a más de la mitad de los alcaldes de la provincia en la Diputación, y lo que más me llama la atención es la imagen desoladora que tienen de la institución, ya que muchos ni siquiera llegaron a pisar el despacho del presidente y despachar con él. La Diputación tiene que ser un ente cercano a los alcaldes y hay que pisar el terreno para hacerlo, y aquí había una miopía con respecto a la realidad de la provincia.
Pero sí ha celebrado reuniones con todos sus alcaldes, e incluso ha creado un consejo de alcaldías. La duda es si será efectivo, ya que aunque haya cuestiones comunes, cada uno tiene sus problemas particulares...
—Hay problemas generales, y ese consejo nace porque hace falta tener un termómetro que marque cuáles son las demandas generales, pero también por consensuar las iniciativas que ayuden a solucionar los problemas de la gente. Ya nos hemos reunido en dos ocasiones y nos han trazado tres líneas fundamentales: combatir el desempleo, mejoras en el servicio de recaudación y mejoras en los servicios sociales que se prestan.
¿Podemos hablar de situaciones críticas en muchos municipios desde el punto de vista financiero, como hemos visto que ha ocurrido ya con el caso de Arcos?
—En muchos. Ya lo trasladábamos desde la oposición para que la Diputación hiciera de colchón o de aval para ayuntamientos, que no son muchos, pero que tienen una situación crítica. Arcos es uno, pero hay otros en situación similar, como el de Puerto Serrano, el de Barbate y el de La Línea, que necesitan de nuestro apoyo y lo tendrán. Para ello también necesitamos la sensibilidad del gobierno de España y no que se les anuncien retenciones de la PIE o se les limite su autonomía financiera
¿No está de acuerdo entonces con las medidas que está trasladando el Gobierno central a los ayuntamientos para hacer frente a las deudas con proveedores, caso de los anticipos de la PIE, como al que se ha acogido el Ayuntamiento de Jerez?
—Creo que el gobierno de España ha adoptado medidas que no palian la situación y conllevan de cara al futuro una intervención de los ayuntamientos en toda regla. Al gobierno se le ve el plumero y se le ve que no cree en los ayuntamientos, que los trata como si fueran entes de segunda categoría, que los ningunea en virtud de la anulación de su propia autonomía, y bajo un mensaje de falsa austeridad que está afectando a la prestación de los servicios públicos por parte de los propios municipios. Bajo ese criterio economicista, por encima del valor social y de la prestación de los servicios públicos, nos encontramos con un gobierno insensible, que pone en marcha una ley de racionalización de las administraciones públicas en la que se olvida de la financiación de las competencias que hay que prestar desde los ayuntamientos. Y cita precisamente el caso de Jerez, el mismo que durante cuatro años nos trasladaban que era el escenario perfecto de cómo adoptar medidas para sanear la situación económica del Ayuntamiento, y no sólo no era verdad, sino que a pesar de arbitrar medidas a las que sólo se pudiera sumar Jerez, después llegaban aquí y no cumplían ni una de las decisiones que le planteaba a Madrid. Lo que hay que hacer es abordar soluciones para aliviar la afixia económica de determinados municipios en los que pueda estar en peligro la prestación de los servicios públicos.
¿Qué espera de la aplicación de las ITI (Iniciativa Territorial Integrada) en la provincia?
—Mi preocupación ahora mismo es que la Junta de Andalucía ya ha hecho su tarea al respecto (esta semana se ha anunciado que habrá 80 millones de euros en los presupuestos de 2016) mientras que en los Presupuestos Generales del Estado no aparece ninguna cantidad concreta con respecto a la aportación extraordinaria del Gobierno de España (el PP lo niega y alude a 186 millones en los PGE). La Diputación espera conocer con detalle qué es lo que va a hacer para poner en marcha proyectos que son vitales para la creación de empleo en la provincia.
Ustedes fueron muy críticos con el anterior gobierno por no impulsar planes de empleo en la provincia, ¿el que han presentado para los pequeños municipios es el tipo de modelo al que aspiran o tienen previstas otras actuaciones más ambiciosas?
—El plan de empleo puesto en marcha es de choque, porque no podíamos quedarnos inmóviles. Hemos demostrado que se podían hacer las cosas de otra manera y eso es lo que le duele al PP ahora, ya que con su misma partida presupuestaria hemos sido capaces de eliminar algunas prescindibles y movilizar un montante importante para que los municipios y las ELA tengan posibilidad de ponerlos en marcha. No es ni nuestro modelo ni la panacea, pero los ciudadanos lo pasan mal y necesitan un aporte inmediato para que muchas familias salgan adelante. Con el presupuesto de 2016 pondremos en marcha iniciativas que impulsen el empleo; por un lado para ayudar a las familias que necesitan este tipo de aporte, pero por otro apoyando a las empresas, que son las que generan empleo. No es un plan E, ya que son los ayuntamientos los que desarrollan los proyectos y no tienen que ser de obras, ya que sólo una mínima parte es para materiales, para que la inmensa mayoría sea para las personas que necesitan un empleo.
¿No cree que el Programa de Fomento del Empleo Agrario (Profea) debería abrirse a otros sectores que, al igual que el agrícola, sufren los efectos de la crisis?
—Por eso mismo llevamos mucho tiempo pidiendo al Gobierno de España un plan de empleo que atienda todas esas necesidades. Lo hicieron con Extremadura y Canarias, pero no con nosotros que tenemos mayor tasa de paro. Los datos de la EPA son escandalosos y en ese sentido es necesario un apoyo de todas las administraciones.
Una de las medidas novedosas de su mandato pasa por desarrollar iniciativas conjuntas con otras diputaciones andaluzas ante la gran asignatura pendiente de fondo: lograr que los municipios pequeños accedan a los fondos europeos, ¿hay perspectivas favorables?
—Estamos en un momento crítico, ya que se está diseñando el nuevo marco comunitario de cara al anuncio de las nuevas ayudas. El problema es que había fondos Feder para las Diputaciones y que éstas fueran soporte para los municipios pequeños, y tras una decisión del Gobieron de España se ha adoptado que no accedamos a esas ayudas. Hay un agravio que aumenta más la brecha entre municipios pequeños y grandes, y que además aniquila la igualdad de oportunidades entre ellos. Todas las diputaciones, incluidas las del PP, han adoptado un acuerdo para pedir una reflexión al Gobierno y que permita que sigamos gestionando esos recursos.
La pasada semana se procedió al relevo al frente del Consorcio Provincial Contra Incendios, pero todavía siguen pendientes relevos como el de Ifeca, incluso culminar la nueva realidad de lo que hasta ahora era Tugasa, ¿habrá novedades en breve?
—En todos los casos estamos cumpliendo la normativa legal. Ya hemos procedido con el Consorcio, donde el impago de muchos ayuntamientos ha puesto en jaque la viabilidad del servicio y tendremos que abordar situaciones de futuro para mejorar el servicio y cumplir con los municipios. En Tugasa hemos adoptado una decisión valiente ante una empresa en liquidación y que entendemos que es viable, revitalizando su red de hoteles como elementos singulares. Y tenemos pendiente Ifeca, a la que queremos dar un giro en lo que respecta a la dinamización de las ferias para dar una imagen positiva de la provincia
¿Qué política se va a llevar a cabo desde el Consorcio de Bomberos ante las deudas de los ayuntamientos, después de que se haya sabido que hay ciudades como Jerez que deben más de 12 millones de euros?
—En primer lugar hay que aclarar las cuentas, ya que mientras estábamos en la oposición no nos han trasladado los números reales. En segundo lugar, hay que hablar con transparencia y tranquilidad para llegar a acuerdos con los ayuntamientos, y a partir de ahí habrá que tomar medidas, con un plan económico para paliar las deudas pero sin que vaya en detrimento de las inversiones previstas para el buen desarrollo del trabajo de los miembros del cuerpo.
¿Qué novedades hay alrededor del edificio Valcárcel? ¿Se ha avanzado en su futuro uso universitario?
—La situación de Valcárcel la hemos afrontado desde el primer día. Por una lado hay una propuesta de la UCA, de cara a recuperar el edificio, y por otro lado una situación controvertida desde el punto de vista jurídico con respecto a la relación que mantiene la Diputación con el edificio. Queremos solucionarlo, hay procesos judiciales ganados ya por Diputación con respecto a la empresa concesionaria y nos hemos reunido con ella para recuperarlo cuanto antes. Es arriesgado aventurar qué va a ocurrir porque no somos propietario actual del mismo, pero frente a la incertidumbre de los últimos años queremos recuperarlo y darle destino y uso, que pueden ser los que la UCA propone.
Usted ya anunció en su toma de posesión su pretensión de tender puentes institucionales con Gibraltar, pero a la primera de cambio la han acusado de desleal con España
—La actitud del Gobierno de España con respecto a Gibraltar en los últimos cuatro años ha sido de no querer abordar un problema de primer nivel. Yo no discuto nada sobre soberanía; de hecho, el Gobierno de España siempre va a tener mi apoyo en ese sentido. Pese a eso hay una realidad evidente. Hay 8.000 personas que cruzan esa verja a diario para trabajar, en una zona donde el crecimiento económico y el empleo es importante, y entendemos que no es razonable que no mantengamos relaciones estables y cercanas para hacer que la vida de la gente a uno y otro lado sea tranquila. El PP ha tomado la senda del enfrentamiento, y no entendemos por qué, ya que los únicos perjudicados son los ciudadanos, pero hemos notado que la cercanía de las elecciones les ha hecho cambiar, porque desde la confrontación no han conseguido nada. Hay que dialogar para llegar a acuerdos que vayan en beneficio de la gente.
¿Piensa modificar el reglamento de la Diputación en lo concerniente a los asesores de los diferentes grupos políticos?
—En este mandato, al haber más grupos, se ha puesto en duda el reglamento actual, ya que no hay igualdad de condiciones entre los diferentes grupos. Creo que no sólo en lo relativo a medios económicos, sino que el reglamento también debe adaptarse a otras realidades. Ni es una prioridad, ni una cuestión que no esté basada en el consenso entre todos.
¿Qué opina del papel que están desempeñando en la provincia las agrupaciones de electores, sobre todo teniendo en cuenta que en ciudades como Cádiz los han apoyado ustedes o han necesitado su apoyo en casos como los de Jerez?
—Conozco más de cerca lo ocurrido en Cádiz. Creo que no me corresponde valorar la gestión, pero es cierto que los ciudadanos nos paran y nos digan que cómo es posible que se haya llegado a una situación de desgobierno como la que se está viviendo en este momento. Nosotros dimos un apoyo sincero para que hubiera un cambio en Cádiz porque los muchos años que llevaba gobernando la derecha en la ciudad le habían hecho mucho daño a los gaditanos, y había existido una actuación dictatorial en muchos casos. Nuestra sorpresa ha sido que todo lo que nos ha planteado hasta el momento Por Cádiz sí se puede no está teniendo traslación real y práctica en los hechos, ni acompañada de actuaciones claras en cada una de sus decisiones. Hay mucho descontrol, desconcierto y falta de iniciativas en un municipio que necesita cambios racionales y que den seguridad y confianza a las instituciones y empresas que tienen que llegar para colaborar en el crecimiento de la ciudad de Cádiz. Con respecto al resto de situaciones, tenemos una representación de Por Cádiz sí se puede y Ganemos Jerez en la Diputación que hasta ahora, y a partir de las propuestas que han presentado, en ninguno de los casos han ido enfocadas a adoptar medidas que ayuden a cambiar la vida de la gente, ninguna viene a suponer la posibilidad de desarrollar proyectos en ese sentido, sino más bien de cara a mantener una imagen mediática impecable, pero desgraciadamente los últimos escándalos, sobre todo en la Bahía, están dejando en evidencia sus compromisos electorales.
Otra palabra omnipresente tras las municipales es la de transparencia, ¿cómo se materializa algo en apariencia tan intangible?
—La transparencia se traslada cuando se le dice a los ciudadanos qué se hace y cómo se hace, de ahí que nosotros hayamos querido desnudarnos en un portal de transparencia para que los ciudadanos estén al tanto de todo y cuanto se hace en la Diputación. Pero también hay un apartado importante dedicado a la participación para relacionarnos con los ciudadanos de otra manera, que ese portal sea algo vivo en el que nos trasladen sus inquietudes.
Del retrato de su equipo de gobierno sobresalen a primera vista dos claves: que usted es la primera mujer en presidir la institución y la juventud de la mayoría de sus diputados, ¿estamos ante una declaración de intenciones, ahora que se habla tanto del necesario relevo generacional en la política?
—El equipo es el fiel reflejo del compromiso con los ciudadanos. Es un tiempo nuevo unido a una renovación fruto del capital humano tan potente que tenemos en la provincia.
