El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha sido elegido este sábado vicepresidente segundo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), en el marco de la novena Asamblea General de dicho organismo, que se ha celebrado en Sevilla con el fin de reactivar esta institución tras cuatro años sin llegar a acuerdos para su renovación.
Según ha informado la institución provincial onubense en una nota, Caraballo ha abogado por "reivindicar desde todos los ámbitos la importancia del municipalismo, ya que el verdadero empoderamiento ciudadano parte de las entidades locales, que son las que están más próximas a las personas".
En este foro, donde el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha sido elegido por unanimidad nuevo presidente del órgano, Caraballo, que ha acudido a la asamblea acompañado por una amplia representación onubense, ha sido designado por el PSOE-A para ocupar una de las nuevas siete vicepresidencias tras el acuerdo alcanzado por socialistas, PP-A, IULV-CA, Ciudadanos y Partido Andalucista para renovar la composición de la FAMP, institución integrada por alcaldes, concejales y responsables de diputaciones, mancomunidades y consorcios.
Este consenso entre partidos asignó la presidencia al PSOE-A, a la vez que se distribuyeron las siete vicepresidencias; en concreto, la primera y la quinta para el PP-A, la segunda para el PSOE-A, la tercera para IULV-CA, la cuarta para el Partido Andalucista, la sexta para Ciudadanos, y para plataformas ciudadanas la séptima.
Además, los socialistas contarán con 13 vocales en la Ejecutiva de la FAMP, por cinco del PP-A y uno de IULV-CA. Por su parte, el Consejo Municipalista, del que forman parte todos los miembros de la Ejecutiva, contará además con 14 vocales del PSOE-A, siete del PP-A, tres de IULV-CA, uno del PA, uno de C's y uno de las plataformas ciudadanas.
La nueva presidencia de la FAMP ha planteado entre las propuestas para su mandato la incorporación de las Entidades Locales Autónomas, así como la reivindicación de los municipios menores de 20.000 habitantes para continuar siendo beneficiarios de los Feder, entre otras cuestiones.
