El pleno de la Diputación de Sevilla debatirá en su próximo pleno ordinario, a celebrar este jueves, la estimación del recurso de reposición promovido por los sindicatos de la institución, contra el acuerdo plenario aprobado el pasado 30 de diciembre para suspender el premio a la constancia, el premio a la jubilación ordinaria y el modelo retributivo del personal en situación de superior categoría, acuerdos laborales todos ellos censurados por un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Recordemos que la suspensión del premio a la constancia, el premio a la jubilación ordinaria y el modelo retributivo del personal en situación de superior categoría, recogidos en el acuerdo de funcionarios y el convenio colectivo de la institución provincial, deriva de un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre el ejercicio 2012 de determinadas áreas de la Diputación.
EL INFORME DE LA CÁMARA DE CUENTAS
Según dicho informe, tales aspectos "conculcan la normativa vigente", aviso que desencadenó pronunciamientos de la Intervención y la Secretaría General de la Diputación en el sentido de no avalar las nóminas de enero de no ser corregido tal extremo, según defendía el Gobierno provincial socialista a la hora de suspender el pasado mes de diciembre los citados acuerdos laborales para no incurrir en "prevaricación". Además, se acordó conformar una comisión técnica destinada a corregir las incidencias en cuestión, que abarcaban además las materias de subvenciones o transferencias, entre otras.
Ante dicha medida, las fuerzas sindicales ya celebraron una fuerte protesta el pleno ordinario de diciembre, denunciando además ante la Fiscalía por presunta prevaricación, falsedad documental, amenazas y coacciones al presidente de la institución provincial, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), y todos aquellos diputados socialistas que apoyaron en el pleno la suspensión de los citados acuerdos laborales.
Ya en el pleno de enero, y merced a una propuesta de IU-CA y Participa Sevilla que contó con una enmienda del PSOE, se acordó levantar la suspensión de los mencionados acuerdos laborales "hasta el 31 de marzo". El acuerdo alcanzado, en ese sentido, determina que si al expirar dicho plazo no media acuerdo entre la Diputación y los sindicatos sobre el destino de tales premios laborales, los mismos "quedarán suspendidos (de nuevo) sin más trámite", implicando el acuerdo la retirada de la denuncia ante la Fiscalía y el recurso de reposición promovidos por los sindicatos.
NUEVO GIRO
No obstante, la portavoz del Gobierno provincial socialista, Trinidad Argota, ha manifestado a Europa Press que finalmente "no se ha visto bien" el hecho de retirar el mencionado recurso de reposición, ante el cual los servicios jurídicos de la Diputación han respondido con un informe "favorable" a los sindicatos, al "estimar" dicho recurso "por cuestiones de forma", pues según Argota los juristas de la institución consideran que el procedimiento de suspensión de los mencionados acuerdos laborales debería haber sido "más abierto".
Dado el caso, y según Argota, el pleno ordinario del próximo jueves debatirá y someterá a votación, en su punto sexto, la estimación del recurso de reposición merced al mencionado informe de los servicios jurídicos, lo que implica "dejar sin efecto" el acuerdo plenario del 30 de diciembre. En paralelo, este nuevo giro implica la apertura de una "revisión de oficio" sobre los mencionados conceptos salariales y otros "aspectos" censurados por la Cámara de Cuentas de Andalucía en materia de recursos humanos, así como la elevación de este procedimiento al Consejo Consultivo de Andalucía a la búsqueda de su pronunciamiento.
Entretanto, según Argota, el gobierno provincial socialista continúa "en diálogo" con los sindicatos y trabajando en la mencionada comisión técnica, a la búsqueda de soluciones y "alternativas". Fernando Rodríguez Villalobos, en ese sentido, ha manifestado a Europa Press que ve "buena predisposición de todo el mundo; los habilitados nacionales, la asesoría jurídica y los sindicatos, porque todos estamos a una, sabiendo que esto lo tenemos que solucionar entre todos, siempre en el marco de la legalidad". En ese sentido, expone que "si hace falta, se va a ampliar el tiempo (habilitado) para llegar a un entendimiento", siempre que tal extremo cuente con el aval de los altos funcionarios de la institución, con lo que la fecha del 31 de marzo podría ser ampliada.
