El expresidente de la Cámara de Comercio de Granada Javier Jiménez ha defendido este martes que él se limitó a declarar abierto el pleno del 11 de septiembre de 2012 sin conocer si existía el quórum suficiente para celebrar la sesión, en tanto que esto debía determinarlo el por entonces secretario del órgano, al que ha acusado de falsear el acta de la reunión.
Jiménez se enfrenta a una petición fiscal de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por supuesta prevaricación administrativa, mientras que para el exsecretario de la Cámara de Comercio, Jaime Parra, la Fiscalía solicita cuatro años de prisión, cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de las funciones de secretario de corporación de derecho público y multa de 3.240 euros, por supuesta falsedad en documento oficial.
Los hechos por los que se les acusa se remontan al 11 de septiembre de 2012, cuando fue convocado un pleno en la Cámara para tratar el asunto de la aplicación parcial de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y la suspensión de varios trabajadores de la corporación.
El pleno se celebró y aprobó los puntos del orden del día pese a que no existía el quórum suficiente, según la Fiscalía, que señala que para su válida constitución era necesario la existencia de dos terceras partes de las vocales en primera convocatoria y de la mitad en segunda. Es decir, si el número de integrantes de la corporación era de 28 miembros más el presidente, el quórum necesario en la segunda convocatoria sería el de 15 miembros, cuando aquel día sólo acudieron 13 vocales y Javier Jiménez.
Javier Jiménez ha declarado ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada que, de acuerdo a los estatutos de la Cámara de Comercio, en primer lugar se abren las sesiones plenarias, que es lo que él hizo, y luego se especifica si hay quórum suficiente, extremo que debía poner de manifiesto el secretario.
Igualmente, ha defendido que él no tiene ningún tipo de responsabilidad en la redacción del acta de la sesión, pues era "responsabilidad única y exclusiva" del exsecretario, con el mantenía por aquel entonces una relación de "confianza mutua" que le llevó a "fiarse mucho de lo que dijera".
ACTA DEL PLENO
Por su parte, el exsecretario de la Cámara, al que la Fiscalía acusa de hacer constar en el acta del pleno a dos vocales que no estuvieron presentes para justificar su constitución, ha negado los hechos y ha garantizado que si los incluyó en el documento "fue porque estaban allí".
Los dos vocales que aparecen en el acta y que alegan no haber asistido a la sesión han declarado como testigos en el juicio y han ratificado que no acudieron al pleno, uno porque estaba en su lugar de trabajo y la otra porque se encontraba en su casa atendiendo a sus parientes en las vísperas de una celebración familiar.
El resto de testigos que han declarado, algunos de ellos miembros del pleno, han ratificado posteriormente que estos dos vocales no estuvieron en la sesión.
Todos los testigos han coincidido en señalar que en la siguiente reunión plenaria, meses después, ambos vocales pidieron al secretario que rectificara el acta anterior.
La acusación particular, que ejerce el letrado Antonio Illana en representación de tres trabajadores de la Cámara de Comercio afectados por el citado ERTE, solicita nueve años de inhabilitación profesional para el exsecretario por un delito de prevaricación continuada y cuatro años de prisión por un delito de falsedad documental continuada.
La acusación particular, que no ejerce acciones contra el expresidente de la Cámara por entender que no tiene responsabilidad en los hechos, mantiene que el exsecretario ha adoptado resoluciones para las que no tenía competencia y ha incluido en el acta de la reunión a vocales que no estuvieron presentes en la misma.
El juicio, que ha arrancado este martes, tiene previstas dos sesiones más este miércoles y jueves en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.
