La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha aclarado este lunes que la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social CAM sólo tendrá que hacer frente, como responsable civil subsidiaria, al pago de 25,6 millones de euros de la fianza total de 1.592 millones impuesta a los ocho exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) contra los que ha dictado apertura de juicio oral.
Al igual que ya hiciera la pasada semana respecto a la responsabilidad del Banco Sabadell, la magistrada ha modificado su resolución en la que figuraba por error que la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social CAM debían responder de la cantidad total como responsables civiles subsidiarios. Declaraba, además, a la aseguradora Caser responsable civil directa.
En un auto, indica ahora que las únicas acusaciones que solicitan que el Sabadell sea responsable civil subsidiario son un particular y la empresa Bon Llar, quienes reclaman 19,1 millones de euros y 62.545 euros respectivamente. La suma de estas dos cantidades más un tercio previsto por la ley, arroja la cantidad de 25,6 millones.
OCHO DIRECTIVOS A JUICIO
La magistrada sienta en el banquillo al expresidente de la caja Modesto Crespo y la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo Dolores Amorós por la comisión de un delito de falsedad en las cuentas anuales, delito relativo al mercado y los consumidores, manipulaciones informativas, estafa agravada, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.
También serán juzgados por estos mismos delitos el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb.
En cuando al exdirector general Roberto López Abad la magistrada le acusa en su caso de todos los delitos citados con la excepción del cometido contra el mercado y los consumidores. Procede, además, contra el exdirector de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez García, el de Financiación Juan Luis Sabater y el de Información Financiera, Salvador Ochoa a los que acusa de falsedad en las cuentas y en documento mercantil y apropiación indebida.
Los ocho acusados se enfrentan a penas de prisión de hasta 17 años de cárcel. En concreto, la Fiscalía pide que López Abad, Amorós, Sogorb y Martínez sean condenados a penas de siete años y medio de cárcel y al pago de una multa de 180.000 euros cada uno de ellos.
En concreto, reclama sendas penas de un año y dos meses de prisión y multas de 9.000 euros para Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa; mientras que solicita imponer a Vicente Soriano la pena de diez meses de cárcel y multa de 12.000 euros. Para todos ellos, pide la inhabilitación especial para ser elegidos en unas elecciones y para ejercer la actividad bancaria durante el tiempo de sus condenas.
Por su parte, el Fondo de Garantía de Depósitos reclama, 9 años para Crespo, Amorós, y Sogorb y 3 años para López Abad y Martínez García. Pide para todos ellos la imposición de una multa de 144.000 euros. En el caso de Sabater, pide dos años de cárcel y una multa de 81.000 euros.
La acusación popular ejercida por el abogado murciano Diego de Ramón reclama, por su parte, 16 años de cárcel para los ocho. Otra acusación que representa a un particular, solicita 17 años de cárcel para todos.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
