La semana pasada, la Junta de Personal del Ayuntamiento de Rota anunciaba que había solicitado una reunión con el alcalde, Javier Ruiz Arana, así como con el delegado de Personal, Daniel Manrique, para abordar la posibilidad de una petición formal de indulto para los funcionarios condenados en el caso 'Horas Extra', con penas de cárcel e inhabilitación.
Un medio provincial adelantaba este fin de semana que el alcalde ha dado un "sí condicionado" a la Junta de Personal, ya que se excluiría de dicha petición de indulto a la ex alcaldesa, en el momento de los hechos delegada de Fiestas, Eva Corrales, y a Ismael Puyana, que aunque en la actualidad es técnico de Fiestas fue juzgado como delegado del área durante un periodo de algo más de un año.
Preguntado hoy por los medios por este asunto, el alcalde ha adelantado que a final de semana y a través de una comparecencia oficial se darán a conocer las conclusiones y la decisión final a este respecto del Ayuntamiento. El alcalde ha explicado que efectivamente existe una petición "unánime" de la Junta de Personal para la petición formal de este indulto, pero ha destacado en primer lugar lo "delicado" de la situación, y el respeto al dictado de los Tribunales. Una petición, ha explicado el alcalde, la de la Junta de Personal, que es "de indulto genérico para los funcionarios exclusivamente".
"Esta es una cuestión que hay que estudiar de forma pormenorizada y legalmente y tratarlo con la cautela necesaria sobre todo por las personas a las que les afecta. Pero tenemos claro que esta no es una instancia más, la sentencia es la que es, y no cabe sino respetarla, pero ante esta petición tenemos que barajar si se dan las condiciones, en primer lugar, y teniendo siempre claro que el indulto es algo que se otorga a juicio del Gobierno, que se pide al Ministerio de Justicia, y que tiene que ir avalado con los informes necesarios para que llegue a buen fin, pero teniendo en cuenta de que se trata de determinar por parte del Gobierno si la relación del resultado de una sentencia que nadie cuestiona es proporcional o no al resultado de las penas que han salido por aplicación del Código Penal a esa sentencia", ha dicho el alcalde.
Por eso en estos días se irá analizando, ha explicado el alcalde, y dándose los pasos oportunos, hablando con la Junta de Personal y con los afectados a lo largo de esta semana para ir dando los pasos "firmes y necesarios para no equivocarse en este asunto, ya que no depende del ámbito judicial sino de una decisión del Gobierno, por tanto respetando la sentencia se trata de pedir que la aplicación sea más proporcional a los hechos juzgados".
Desde el Consistorio creen que, a raíz de esta petición que parte de la Junta de Personal, "pueden darse las condiciones y estamos dispuestos a estudiarlas, caso por caso, para ver las posibilidades que tenemos".
A nivel organizativo del Ayuntamiento la falta de los funcionarios cuando se ejecute la sentencia de aquellos que han sido inhabilitados , ya que a día de hoy aún siguen en sus puestos al no haberse recibido requerimiento oficial, "será obviamente un problema", ya que "se trata de personas que llevan muchísimos años trabajando para este Consistorio y a corto plazo será una dificultad para el Consistorio". En el caso concreto del interventor, que ha sido inhabilitado, el alcalde ha especificado que éste "ya se encontraba en funciones de forma accidental, y ya existe otro interventor destinado a esta plaza, solicitado hace meses, pero está pendiente de resolución del ámbito competente que es la Junta de Andalucía, una cuestión que esperamos que en los próximos días se resuelva". Por eso el alcalde ya ha aclarado que la plaza hacía tiempo que se había solicitado y que está cubierta, a la espera de dicha resolución de la junta, "situación que no tiene nada que ver con la sentencia que hemos conocido recientemente, ya que el cambio se iba a producir igualmente".
