El consejero andaluz de Medio Ambiente, José Fiscal, ha avanzado este jueves que los técnicos de la Junta andaluza entrarán "en cuestión de días" en el hotel de Azata del Sol en El Algarrobico a realizar un informe pericial sobre su valor que permita responder a una de las demandas judicial por la que la promotora reclama indemnización por daños y perjuicios, y ha advertido de que estas cuestiones "no influyen en la determinación" del Gobierno andaluz de demoler el inmueble.
"No tiene vuelta atrás. Se va a retirar de la playa y las cuestiones jurídicas abiertas no tienen nada que ver", ha afirmado en declaraciones a los periodistas Fiscal, quien ha reiterado que la posibilidad de que la Junta andaluza tenga que hacer frente a una responsabilidad patrimonial "no influye en la posibilidad real y definitiva" de "retirar el hotel de la playa de El Algarrobico".
El titular del ramo ha confirmado que los servicios jurídicos han recibido la providencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que autoriza la entrada al hotel de un perito para hacer el citado informe si bien no ha precisado la fecha en la que accederá ni las personas que van a entrar. "Va a ser de manera inminente, es cuestión de días que nuestros técnicos entren para hacer ese estudio", ha apuntillado.
Fiscal se ha mostrado cauto, asimismo, con respecto a la posibilidad o no de que prosperen alguna de las cuatro demandas que en TSJA y en la Audiencia Nacional se siguen por presunta responsabilidad patrimonial contra la Junta, además de contra el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) y la administración del Estado teniendo en cuenta que, tal y como esgrimen la promotora del hotel, cuenta con una licencia de obras legal por sentencia judicial firme.
"Nosotros barajamos, en concreto, nuestros servicios jurídicos y más en un asunto de la complejidad de este, todas las posibilidades pero confiamos en que, como se está haciendo últimamente, la justicia dé la razón a la Junta y no tengamos que hacer frente a una responsabilidad patrimonial importante", ha trasladado para remarca que, en todo caso, "serán los jueces quienes decidan".
La autorización de entrada al hotel se enmarca en un procedimiento incoado en 2013 a raíz del recurso que presentó Azata del Sol a la desestimación por parte de la Junta de la reclamación de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la administración que elevó después de que el Alto Tribunal andaluz fallase en una sentencia de 11 de junio de 2012 que los terrenos sobre los que se alza el hotel debían contar con la calificación de espacio protegido no urbanizable y anulaba así, parcialmente, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar en vigor desde 2008.
Además de este, en la Audiencia Nacional se sigue un cuatro recurso, en este caso sí de Azata del Sol, en el que la empresa reclama una indemnización de 70 millones de euros para resarcir los "daños y perjuicios" derivados de lo que considera un "anormal funcionamiento" de la administración.
Azata del Sol cuantifica la responsabilidad patrimonial de Estado, Junta y Ayuntamiento carbonero, conjunta y de manera solidaria, en 70.042.712 euros, cifra que incluye un cinco por ciento por daño moral según la tasación realizada por la sociedad Tinsa de acuerdo no solo al valor del suelo y del hotel, sino también teniendo en cuenta "el daño moral, material y el descrédito empresarial" a la mercantil.
INFORME JURÍDICO PARA TOMAR POSESIÓN DEL HOTEL
Por último, ha avanzado que la Consejería de Medio Ambiente ha recibido este jueves el informe de los servicios jurídicos que fija cuál es la manera, "que entendemos más adecuada" para "no dar ningún paso en falso", de hacer efectivo el derecho de retracto por 2,3 millones de euros sobre el suelo sobre el que se levanta el hotel y reconocido por el Supremo.
"Nos dice cuál es la mejor manera, la más segura para la retirada del hotel", ha explicado ya que cabe recordar que, de momento, la Junta mantiene abierta en el Supremo una vía para hacer efectivo ese retracto mientras valora si acude a la vía civil para reclamar la inscripción de la finca a su nombre tal y como le dijo el TSJA, que le conminó a emprender esta acción.
