El Gobierno en funciones ha previsto para 2017 una subida de las pensiones del 0,25%, el mínimo legal, y un incremento del sueldo de los empleados públicos del 1%, según ha anunciado el vicesecretario Sectorial del Partido Popular (PP), Javier Maroto, quien ha precisado que si no hay Gobierno en las próximas semanas y los Presupuestos Generales del Estado de 2016 se prorrogan para 2017, estas subidas "no se llevarían a cabo".
"Habría, por tanto, unos primeros ciudadanos que pagarían las consecuencias (de no tener Gobierno en unas semanas)", ha señalado Maroto en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press.
El responsable 'popular' ha reconocido que estos incrementos previstos en pensiones y salarios de funcionarios son "muy moderados y pequeños" y que le gustaría que fueran mayores, pero ha insistido en que no podrán aplicarse si los Presupuestos Generales del Estado para 2017 se retrasan, ya que, sin Gobierno, no quedará más remedio que prorrogar los Presupuestos de 2016, con lo que pensiones y salarios públicos quedarían, de entrada, congelados para el año próximo.
"Si no se forma el Gobierno en las próximas semanas, el Presupuesto llegaría tarde y si hay prórroga del Presupuesto, de entrada, las subidas que tenemos previstas, que son muy moderadas y muy pequeñas, yo lo sé y desearía más, del 0,25% para pensiones y del 1% en funcionarios, no se llevarían a cabo", ha explicado.
Si Rajoy consigue formar Gobierno y sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2017, la idea es consignar esa subida mínima del 0,25% para las pensiones y del 1% en los sueldos de los empleados públicos. Sería el cuarto año consecutivo en que las pensiones se incrementan el mínimo previsto en la ley (0,25%) y el segundo año consecutivo en el que subirían los salarios de los funcionarios, que en 2016 también aumentaron un 1%.
Desde 2015 está vigente el llamado Índice Revaloración de las Pensiones, que tiene en cuenta la situación de las cuentas de la Seguridad Social, entre otras factores, para determinar la actualización anual de las pensiones.
Esta fórmula contempla una revalorización mínima garantizada del 0,25% anual y una subida máxima del IPC más 0,5%, prevista para épocas de bonanza.
POSIBLE CALENDARIO.
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ya advirtió el pasado viernes de que un retraso en la formación de Gobierno que impidiera elaborar los Presupuestos de 2017 en tiempo y forma y derivara en una prórroga de los de 2016 implicaría una congelación de los sueldos públicos y de las pensiones, que requeriría a posteriori un decreto para actualizarlos.
Sáenz de Santamaría explicó que, siempre que Mariano Rajoy pueda gobernar desde agosto, el calendario a seguir para "recuperar la normalidad de un Gobierno a pleno rendimiento" pasaría por que Bruselas determine la nueva senda de consolidación fiscal de 2016 y 2017, algo que podría producirse en la reunión del colegio de Comisario europeos de mañana, 27 de julio.
Dicha senda habría de pasar después por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la Comisión Nacional de Administraciones Locales (CNAL) y por el Consejo de Ministros, para su posterior ratificación en el Congreso de los Diputados y Senado.
Con este marco de consolidación, el Gobierno debe aprobar el techo de gasto de las administraciones, algo que podría producirse entre julio y agosto, y antes del 1 de octubre, a ser posible en el Consejo de Ministros del 23 de septiembre, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el siguiente año.
Sin embargo, si no fuese posible cumplir este calendario, como ya ocurrió en 2011 cuando el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero adelantó elecciones, se prorrogarían automáticamente los Presupuestos de 2016.
Sáenz de Santamaría advirtió de que "no todo se prorroga automáticamente", sino que partidas como la de las pensiones y los salarios públicos quedarían congeladas. No obstante, reconoció que por la vía del decreto ley se puede a posteriori actualizar estas partidas. Después solo sería necesario convalidarlo en un plazo de 30 días en el Congreso de los Diputados.
