La junta de tratamiento de la cárcel de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en la que la exalcaldesa de Jerez Pilar Sánchez cumple condena desde el pasado 1 de febrero ya ha propuesto hasta en dos ocasiones por unanimidad para que a la exregidora socialista se le conceda el tercer grado. Un régimen de semilibertad que le ha sido denegado pese a contar con los informes favorables del equipo técnico del centro penitenciario por el buen comportamiento mostrado por Sánchez hasta ahora. Así lo anunció el letrado Juan Pedro Cosano, su abogado en el caso ‘PTA’, durante su intervención en el programa El Templete de Ondaluz Jerez Televisión el pasado martes.
Para Cosano, tal resolución, como dijo en el espacio en el que se debatió la judicialización que sufre la vida política actual, responde a la “presión” que la sociedad exige en estos tiempos a los jueces a la hora de pronunciarse. En este sentido, el letrado tiene claro que a Sánchez, condenada a cuatro años y medio de prisión por la concesión irregular de una subvención a una empresa para que adquiriera suelo en el Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA), se le ha denegado el tercer grado “porque es política, es una persona pública y si trasciende hubiera formado un escándalo”, manifestó. Unas circunstancias que, a su juicio, hubieran sido radicalmente diferente si la condenada fuera una persona anónima. “A cualquier ciudadano se le hubiera concedido”, advirtió.
En cualquier caso, el régimen penitenciario contempla la concesión del tercer grado cuando cuando el interno haya cumplido la mitad de la condena y la responsabilidad civil, (más de 61.000 euros), que la exalcaldesa está abonando a plazos.
Durante la tertulia, tanto Cosano como el abogado Manuel Hortas, cuestionaron el planteamiento del concepto de ejemplaridad que se exige hoy en día a las personalidades públicas. De igual manera, ambos coincidieron en que casos como el del PTA y Asesores, que tienen en la cárcel a dos primeros alcaldes democráticos de Jerez, se deberían haber resuelto en el procedimiento administrativo y no por la vía de lo penal como así ha ocurrido. “No son casos de corrupción porque ninguno de los dos se ha llevado un solo euro”, sentenciaron ambos letrados.
