El PP ha cifrado en 350 millones de euros el perjuicio económico para los malagueños a raíz del "fraude" en los cursos de formación para desempleados de la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga, según han manifestado los parlamentarios andaluces del PP y vocales en la comisión parlamentaria de investigación sobre dichos cursos, Miguel Ángel Torrico y Teresa Ruiz Sillero.
En rueda de prensa en Málaga para presentar el dictamen de los 'populares' en dicha comisión de investigación, ambos han coincidido en señalar a la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, como "máxima responsable" y han destacado que el PP reclama la recuperación de todo el dinero supuestamente defraudado, porque "mientras el PSOE se preocupa por defender a sus altos cargos en la Junta, nosotros defendemos los intereses generales de los andaluces".
Los parlamentarios se han referido no sólo al perjuicio económico, cifrado a nivel regional en 1.970 millones de euros sino también a "un perjuicio irreparable para todos los andaluces en general y en particular para los desempleados" por cinco años "en blanco" sin formación, que "ha supuesto la destrucción de 30.000 puestos de trabajo".
En el caso de Málaga, han señalado que los 350 millones de euros se refieren tanto a dinero que se ha dejado de invertir en estos años como fondos que aún se les debe a empresas que han hecho la formación correctamente y partidas que todavía no se sabe si están bien justificadas. Además, han lamentado que "debido a este fraude en la formación se paralizó durante tres años la formación en La Cónsula y el CIOMijas sigue hoy cerrado".
"Imagínense el perjuicio directo para todos los malagueños que no han tenido formación", ha señalado Ruiz Sillero, quien ha apuntado que también está afectado el Consorcio Forman y ha recordado que a los trabajadores del centro de Mijas "se les deben 20 nóminas". Al respecto, ha reclamado que se abran esas instalaciones que "siguen cerradas por voluntad del Gobierno de la Junta de Andalucía".
Así, han insistido en que para ellos está "clara" la responsabilidad política de la presidenta de la Junta "en la cúspide", y de otros 35 cargos, según consta en el dictamen, tanto de las supuestas irregularidades en la gestión de estos cursos, como en el caso de Díaz en la "paralización unilateral" durante esos años de las subvenciones destinadas a esta formación para desempleados.
Ruiz Sillero ha asegurado que es "imposible negar el fraude" y ha incidido en que en el dictamen del PP "reflejamos unos hechos, unas consecuencias y unos responsables políticos". "No es una farsa, no es un montaje, no es un 'bluf' ni un globo que se está desinflando como está diciendo el PSOE", ha precisado, recordando que hay numerosos juzgados en Andalucía que investigan estas subvenciones.
"Es imposible negar la red clientelar vinculada a personas que han recibido subvenciones por tener un vínculo con el PSOE", ha insistido, resumiendo las principales "irregularidades" detectadas por el PP, refiriéndose al exconsejero Ángel Ojeda, a la dimisión de Rafael Velasco o los alquileres de sedes de UGT.
Ha señalado que ha habido "ocultación" y ha criticado que les ha faltado documentación, de lo que también ha responsabilizado a Díaz, en apartados como el de los consorcios de formación y la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que, ha señalado, requerirían que se abordaran en comisiones de investigación propias "por la complejidad del tema y porque nos han faltado documentos".
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
Torrico, por su parte, ha puntualizado que la comisión de investigación es para "determinar responsabilidades políticas, no penales" y ha aludido al auto de archivo de la pieza política por parte de la jueza Nuñez, en el que, según ha dicho, "se reconocen irregularidades administrativas, fraude, menoscabo de fondos públicos y red clientelar" solo que no dentro del ámbito penal.
Al respecto, ha incidido en que la propia jueza "dice que no tiene nada que ver las responsabilidades políticas con las penales", por lo que ha dicho a los socialistas que "vayan con más calma, que se lean los papeles bien y que ya veremos en qué acaba esto". Así, ambos parlamentarios se han preguntado "quién tiene que pedir perdón por la paralización de las ayudas, por el cierre del CIO o por el daño a los desempleados", respondiendo que Susana Díaz. "O vamos a tener que pedir perdón el PP porque estamos denunciando estos hechos", han dicho.
Torrico ha apuntado que los 'populares' no van a permitir "un cierre en falso" de la comisión de investigación y ha pedido a los grupos políticos en el Parlamento andaluz, incluido el PSOE, que "no hagan el ridículo y que hay que llegar a unas conclusiones ciertas", alegando que "si ha habido un qué tiene que haber un quién".
Al respecto, ha insistido en que "cinco años de paralización injustificada de los cursos de formación por parte de Susana Díaz como presidenta de la Junta, con el consecuente perjuicio que esto ha supuesto en una región castigada especialmente por el desempleo, no puede quedar impune políticamente", apuntando que Díaz tomó esta decisión "para no verse salpicada, al igual que sus predecesores Chaves y Griñán".
El vicesecretario de Empleo y Formación del PP andaluz ha precisado que por esta gestión "irregular" de los cursos "Andalucía ha perdido 822 millones de euros de fondos estatales y 46,9 millones de euros de fondos europeos", además de que "hay 539 millones sin justificar y 60 millones de reintegros pendientes de la Faffe, a los que se suman otros 20 millones de los consorcios y 82,4 millones más que han sido recaudados y deben devolverse a las entidades".
