El juicio que se iba a celebrar este martes en la Audiencia Provincial de Málaga contra el exalcalde de Marbella Julián Muñoz por malversación de caudales y prevaricación administrativa, tras las irregularidades detectadas en la compra y alquiler de unos locales del puerto deportivo, se ha suspendido.
Fuentes judiciales han explicado a Efe que la causa de la suspensión ha sido que un abogado, que se había incorporado a la causa hace pocos días, ha pedido al tribunal más tiempo para estudiar el procedimiento.
Muñoz se enfrenta en este procedimiento a una petición fiscal de cuatro años y seis meses de prisión por malversación de caudales y prevaricación administrativa y en el banquillo de los acusados se sentarán otras diez personas, la mayoría exediles del GIL y el que fuera secretario municipal.
El fiscal explica en su escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe, que los acusados, en el ejercicio de las funciones públicas, llevaron a cabo llevado a cabo una actuación caracterizada por la "arbitrariedad y el abuso de poder".
Además, el ministerio público entiende que administraron los bienes y efectos públicos con ausencia de cualquier control desviándolos de los fines públicos en beneficio de los intereses particulares de terceros o propios.
Julián Muñoz en este procedimiento firmó, como alcalde accidental, un convenio de compra en 1996 de tres locales comerciales en el puerto y fijó como forma de pago la cesión de un lote de cuatro parcelas en una urbanización, con un reconocimiento de deuda.
Años más tarde, en el 2000, un hombre, también acusado en este procedimiento, solicitó alquilar dichos locales y Muñoz dictó un decreto para elevar a la comisión de gobierno el acuerdo de arrendamiento.
El fiscal mantiene que el exregidor eligió y negoció "sin publicidad ni concurrencia", beneficiando a un interesado y perjudicando los intereses del Ayuntamiento, que se vio privado de otras posibles ofertas mas beneficiosas.
Para la acusación pública hubo un trato de favor hacia el acusado que quiso alquilar los locales y un perjuicio a las arcas públicas.
