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Lunes 06/05/2024  

Jerez

Los planes de empleo, hasta abril como mínimo

Sánchez reconoce que “hay un problema” con los tipos de contratos previstos y el PP acusa a la Junta del retraso porque obliga a pagar parte de los contratos

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Los planes de empleo Emple@Joven y Empleo@30+ que la Junta ha concedido a Jerez aún demorarán su puesta en marcha, al menos, dos meses más, ya que es el periodo que tiene a partir de ahora el SAE para proceder a la selección de los 634 desempleados que contratará el Ayuntamiento.
Sin embargo, a la ya prolongada espera -la Junta anunció su entrada en vigor para el pasado mes de octubre- se suma ahora un problema añadido a causa de los tipos de contratos que debe realizar el Ayuntamiento en virtud del decreto publicado por la Junta. Lo confirmaba la propia alcaldesa, Mamen Sánchez, en el espacio El Templete de Ondaluz Jerez este pasado martes, donde incluso anunciaba la celebración de una reunión “técnica” en el día de ayer entre Ayuntamiento y Junta para abordar esta cuestión.

El SAE tiene a partir de ahora dos meses para llevar a cabo la selección de las personas que contratará el Ayuntamiento

A favor del Consistorio sí cuenta el hecho de que tiene por delante 18 meses para llevar a cabo todas las contrataciones: “Queremos programar las contrataciones en función de las actuaciones que se van a desarrollar con las personas contratadas. En este sentido, una parte se va a destinar a las obras en los colegios, por lo que a todas esas personas se las contratará a partir de junio, ya que vamos a esperar a que haya terminado el curso. Una vez que el SAE haga la selección de los desempleados, se dirá a qué programa va cada uno y cuándo empieza el contrato”, explicaba Sánchez.

¿Dónde está entonces el problema? El PP tiene su propia respuesta, y está muy vinculada a lo dicho por la propia alcaldesa: “los tipos de contratos”. Según explicaba ayer el portavoz popular, Antonio Saldaña, “el decreto de la Junta establece dos limitaciones para los planes de empleo: los contratos que se realicen por el Ayuntamiento deben ser a tiempo completo, es decir, por ocho horas, y conformes al convenio colectivo. Sin embargo, la cantidad que aporta la Junta para los planes de empleo es inferior a la necesaria para abonar los contratos según esas condiciones. No sólo es insuficiente, sino que en algunos casos hasta se puede duplicar el coste del contrato por personas”.

En este sentido, si la Junta va a aportar 5,3 millones de euros al Ayuntamiento de Jerez para la contratación de 634 personas, el PP ha realizado una estimación del sobrecoste que supondrá para las arcas municipales, que asciende a casi 4 millones de euros; “un dinero que ni éste ni otros muchos ayuntamientos importantes de la provincia tienen para poder desarrollar los planes de empleo”.
La voz de alarma la ha dado ya el Ayuntamiento de Málaga, que ha sido el primero en reclamar a la Junta de Andalucía y, posiblemente, “el primero en renunciar a los planes de empleo porque no tiene los 10 millones de euros de más que necesitaría para hacer las contrataciones”, expuso ayer Saldaña.

En su opinión, “ésa es la clave por la que a estas alturas hay tantos ayuntamientos que todavía no han sido capaces de poner en marcha los planes de empleo. San Fernando, Algeciras, El Puerto... están en la misma situación de Jerez, por lo que entendemos que hay que hacer frente entre todos para que la Junta modifique el decreto. Es decir, o sube la cantidad que aporta, o que contrate directamente la Junta y no los ayuntamientos, o que flexibilice las condiciones de contratación y se diga a los beneficiarios cuáles son esas nuevas condiciones para que sepan que no se les puede contratar a tiempo completo”.

Para los populares, la causante de toda esta situación es la Junta de Andalucía, y lo resume en cuatro claves: “los errores de planificación en el diseño de los programas; el retraso en la emisión de las resoluciones que conforman los planes de empleo; la trampa en que se han convertido para los ayuntamientos, a los ahora se obliga a poner un dinero que no tienen; y la situación de discriminación generada de cara a los propios desempleados en función de la ciudad en la que residan, ya que si sus ayuntamientos tienen problemas económicos no van a poder hacer frente a los pagos exigidos por la Junta en su decreto”.

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