El Gobierno de Donald Trump ya ha comenzado a dar forma a un agresivo plan migratorio destinado a acelerar la deportación de inmigrantes y que en su letra pequeña incluye arbitrariedad, inexactitud e incluso un potencial riesgo para la seguridad del país, según expertos consultados por Efe.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de la política migratoria, publicó esta semana dos documentos sobre cómo las fuerzas del orden deben interpretar las órdenes ejecutivas que proclamó Trump el pasado 25 de enero para acelerar las deportaciones y crear un muro entre México y Estados Unidos.
Los analistas coinciden en que las nuevas directivas confieren un gran poder a las fuerzas del orden, que ahora podrán pedir documentos, detener y deportar casi a cualquier indocumentado.
"Las directivas harán nuestro sistema de adjudicación de visados menos preciso, nuestro sistema de detención de inmigrantes será más peligroso y, en general, el sistema migratorio será más arbitrario e inhumano", consideró Margo Schlanger, antigua directora de la oficina de derechos civiles del DHS.
Aunque el plan es muy agresivo con los inmigrantes, los expertos advierten de que Trump por sí solo no podrá sacar adelante algunas de las medidas porque necesita la colaboración del Gobierno de México y la aprobación de nuevas partidas de gasto por parte del Congreso para, por ejemplo, contratar a 15.000 nuevos agentes.
El experto del grupo progresista Center for American Progress, Tom Jawetz, cree que el aspecto más preocupante del plan migratorio de Trump es que borra la categoría de "prioridades de deportación" y pone al mismo nivel a los once millones de indocumentados que se calcula que viven en el país.
Durante los dos últimos años del Gobierno del presidente Barack Obama las deportaciones se dirigieron contra aquellos condenados por delitos graves y no contra los indocumentados que viven en el país desde hace décadas, contribuyen a la economía y tienen, por ejemplo, hijos con nacionalidad estadounidense.
Bajo las nuevas reglas, las autoridades pueden deportar a cualquiera que haya cometido un delito menor, por ejemplo, por saltarse un semáforo o exceder un límite de velocidad.
De hecho, según consta en las directivas, los agentes podrán deportar a cualquiera que sea un "riesgo para la seguridad nacional" o que haya "abusado" de cualquier programa de subsidios sociales.
En las nuevas directivas migratorias también se incluye la posibilidad de presentar cargos criminales o expulsar a los padres que paguen a un "coyote" (traficante de personas) para que ayude a sus hijos a cruzar los desiertos y ríos que separan a EEUU de sus países de origen, especialmente en Centroamérica.
"Independientemente de los deseos de reunificación familiar, o las condiciones en otros países, el contrabando o el tráfico de niños extranjeros es intolerable", determinó el Gobierno esta semana.
Otra de las ideas más polémicas de EEUU es la expulsión a México de los inmigrantes indocumentados de cualquier nacionalidad para que tramiten sus peticiones de asilo desde territorio mexicano y comparezcan ante las cortes estadounidenses por teleconferencia, una idea que ya ha rechazado el Gobierno mexicano.
En sus nuevas normas, además, el Ejecutivo resucita los programas de cooperación entre la policía local y las autoridades migratorias, una propuesta que ya se topó con el rechazo frontal de las "ciudades santuario", unas 300 en EEUU, donde las autoridades protegen de la deportación a los inmigrantes.
Líderes de estas urbes, como el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, han asegurado que sus ciudades seguirán siendo un "santuario" y alertan de que podría haber un aumento de criminalidad en EEUU si los inmigrantes dejan de colaborar con las fuerzas locales por miedo a ser deportados.
El rechazo a las ideas de Trump también ha surgido entre antiguos jefes de las agencias gubernamentales encargadas de la seguridad fronteriza, como Julie Myers Wood, que dirigió la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) durante parte de la presidencia de George W. Bush.
Wood cree que algunos de los puntos de las nuevas directivas podrían ser ilegales y menciona, por ejemplo, la posibilidad de que se vulnere el derecho a la defensa de los inmigrantes sometidos a las llamadas "expulsiones aceleradas", aquellas en las que los inmigrantes son deportados sin comparecer ante un juez.
El Gobierno de Bush estableció que podían ser deportados de manera exprés aquellos que habían llegado a EEUU en los últimos 14 días y se encontraban a 100 millas (160 kilómetros) de la frontera. Ahora, el Gobierno de Trump permite deportar a aquellos que no puedan probar que han residido en EEUU durante los últimos dos años.
En opinión de Cristina Fernández, de la Universidad de Yale, las nuevas normas de Trump esta semana han servido para comenzar a levantar el famoso muro entre México y EEUU sin ladrillos ni cemento, pero con una "espeluznante" expansión del poder de las fuerzas encargadas de aplicar las leyes migratorias.
