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Subdelegación insta a Tarifa a retirar la bandera republicana

La Subdelegación del Gobierno ha requerido al ayuntamiento tarifeño la "inmediata retirada" de la bandera tricolor que han izado en el Consistorio

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El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, ha anunciado este viernes que la Subdelegación ha requerido a los ayuntamientos de las localidades gaditanas de Trebujena y Tarifa "a la inmediata retirada de una bandera republicana izada" en sus respectivas "instalaciones municipales".

En concreto, se ha requerido a cada ayuntamiento "a través de la Secretaría General de la Subdelegación la inmediata retirada de dicho símbolo", así como "se le ha requerido a que traslade el acuerdo plenario donde se recoge la aprobación para llevar a cabo tal izado", según informa la Subdelegación en una nota en la que aclara que, "en caso de no cumplimentar tales requerimientos, se analizará dar traslado a la autoridad judicial competente de dicho acto municipal".

Para el subdelegado del Gobierno en Cádiz, "nuevamente estamos ante otro caso de intento de situar la acción de una administración por encima de las normas y la legalidad vigente", por lo que Agustín Muñoz manifiesta que espera que los equipos de gobierno de los ayuntamientos de Trebujena y Tarifa "recapaciten y den marcha atrás".

"Las normas y los principios de neutralidad y objetividad están para cumplirlos y hacerlos cumplir y la Subdelegación va a estar atenta a que así sea", ha enfatizado, apuntando que los ayuntamientos, al ser la administración más cercana al ciudadano, "son los primeros que deben ajustarse a la legalidad constitucional vigente como Administración pública que son".

La Ley Orgánica 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas, "es clara e inequívoca, ya que en un edificio público no se puede exhibir ninguna bandera que no sea oficial o la propia del municipio", informa la Subdelegación.

Por último, Muñoz pide una respuesta municipal "diligente, dentro de la responsabilidad que los gobernantes, instituciones y administraciones públicas tienen en el ordenamiento constitucional actual".

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