).- El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, pide a la Junta de Andalucía que “no mire hacia otro lado” en el caso de la desembocadura del río Guadiaro, en el municipio de San Roque. Muñoz Martín considera que “si las competencias en materia de costas están plenamente transferidas por el Estado a la Junta de Andalucía desde 2011, incluidas las obras a realizar, es ésta la responsable de intervenir si ha detectado algún problema medioambiental en esa desembocadura”.
Muñoz recuerda que, además, el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía, reformado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, en su artículo 56.6, y el propio RD 62/2011, de 21 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación y gestión del litoral, dejan bien a las claras la competencia autonómica en este asunto.
El subdelegado pide a los responsables del gobierno autonómico “que intervengan y apliquen sus competencias si consideran que hay un problema medioambiental a consecuencia del cierre de la desembocadura del río y, si no lo hay, que así lo manifiesten, de modo que todos los vecinos y las administraciones públicas sepamos su opinión”, insistiendo además en la línea de conocer cuáles han sido las inversiones autonómicas desde 2011 en materia costera.
El subdelegado subraya que “no es posible que todos los años por estas fechas surja esta problemática, cuando cada administración afectada sabe cuáles son sus competencias y cómo debe actuar”, y afirma que entre las competencias transferidas se encuentra la ejecución de obras en la costa “y la administración que debe velar por proteger los valores medioambientales del estuario del río Guadiaro es precisamente la autonómica”.
Del mismo modo, el subdelegado recuerda que el estuario del río Guadiaro está incluido en la Red Natura, cuya protección está en manos de la propia Junta de Andalucía, “que deberá velar en todo caso por ella”.
Muñoz Martín reitera que “no estamos ante un problema costero”, recordando que el cierre de la desembocadura del río es un cierre natural y periódico. “Y en caso de que se detecte por ese cierre un problema que afecte a la fauna, entonces es la competente la Junta de Andalucía, única competente en protección de la fauna”, por lo que si considera necesario abrir el estuario “tiene competencias plenas para hacerlo”.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente tiene transferidas sus competencias en Andalucía en materia de costas, salvo en el caso de la regeneración de playas y la protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre, como establece la propia Ley de Costas, “pero en ningún caso ostenta competencias en materia de protección de la fauna, que compete al gobierno autonómico”.
Sobre la apertura que en otros casos puntuales ha realizado la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, caso del río Salado de Conil de la Frontera, “habrá que recordar a los responsables autonómicos que, en primer lugar, hubo que actuar porque la Junta de Andalucía no ejerció sus competencias y porque, además, la situación que se daba en ese río era producto de la acción del hombre”, al tratarse del vertido de aguas residuales de la depuradora conileña que vierte en el mismo estuario, provocando la mortandad de peces.
Por último, Muñoz Martín subraya que “entre las materias en las que Costas interviene no se encuentran entre las contempladas en la Ley de Costas el supuesto del río Guadiaro “al tratarse de un problema medioambiental y no costero”, de ahí que concluya el subdelegado del Gobierno que sea la Junta de Andalucía “la que aplique sus competencias propias en este estuario como mejor considere”.
