Juana Rivas continúa en paradero desconocido 24 horas después de que incumpliera la orden judicial que le obliga a entregar a sus hijos de once y tres años al padre, condenado en 2009 por un delito de lesiones contra ella, para que regresen a Italia, donde tienen fijada su residencial habitual.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado este jueves que desde el Gobierno andaluz se le va a proporcionar asistencia jurídica para pedir la suspensión del régimen de visitas de sus hijos. Este anuncio, que Díaz ha realizado a través de su cuenta personal de Twitter, llega después de las muestras de apoyo que ya le dio hace unos días "en su lucha para proteger a sus hijos", afirmando que "los niños también son víctimas de la violencia machista".
El abogado Adolfo Alonso, que representa a la expareja de Juana Rivas, mantiene por su parte que en este caso se han producido ya "dos secuestros" de los menores; primero por sacarlos de Italia sin el consentimiento del padre y después por no entregarlos a las 16,30 horas del pasado miércoles en el Punto de Encuentro Familiar de Granada como ordenó el Juzgado, por lo que ha anunciado acciones legales ante el "enorme daño" que se está provocando a los pequeños.
Alonso ha señalado a Europa Press que se va a limitar a trabajar "en los juzgados", desde "el respeto a los tribunales y sin entrar en cuestiones manipuladas de género ni de violencia contra la mujer", todo ello mientras Juana Rivas sigue sin desvelar su paradero y el de sus hijos, que no han sido localizados por la Guardia Civil en los domicilios particulares que guardaban alguna relación con ella.
El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada "mantiene vigente" el auxilio realizado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que busquen a los menores tanto en Maracena como en aquellos lugares donde puedan encontrarse, después de que se le comunicara que Juana Rivas no había comparecido con ellos en el Punto de Encuentro Familiar, han detallado a Europa Press fuentes judiciales.
Así, la jueza no prevé adoptar nuevas acciones en este sentido tras el incumplimiento del mandato judicial y la Fiscalía tampoco lo ha hecho hasta este mediodía, según han precisado a Europa Press desde el Ministerio Público. Todo ello en el marco de un proceso que hasta el momento está tramitado por la vía civil y que no conlleva una orden de búsqueda y captura que sí podría producirse en caso de que el asunto se llevara al ámbito de lo penal.
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Miguel Pascuau, ha afirmado este jueves que Juana Rivas puede estar incurriendo en un delito de sustracción de menores y tenía la posibilidad de "eximir la responsabilidad" si en 24 horas comunicaba dónde estaban los hijos y se comprometía a restituirlos de manera inmediata", plazo que ya ha pasado.
CASTIGADO CON CÁRCEL
Fuentes judiciales han informado a Europa Press que el artículo 225 bis del Código Penal recoge que la sustracción de un hijo menor --entendida como el traslado de su lugar de residencia sin el consentimiento del progenitor con el que convive habitualmente-- está castigada en España con penas de prisión de dos a cuatro años de cárcel e inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por un periodo de cuatro a diez años.
El letrado Adolfo Alonso ha descartado precisar este jueves a los medios qué acciones concretas va a tomar, lamentando que se intente reconducir lo que considera un caso de "secuestro" interparental a otro de violencia de género pese a que, según ha incidido en los últimos días, la sentencia de 2009 del Juzgado de lo Penal 2 de Granada que condenó a su cliente por un delito de lesiones en el ámbito familiar se produjo después de que "él se conformara con la pena porque no se le estaba dejando ver a un hijo".
El letrado ha defendido que "el que está siendo objeto de violencia psicológica" es su cliente, porque se "le ha separado de sus hijos" y "lleva un año sin verlos ni poder hablar con ellos" sin que haya "absolutamente nada, ningún dato, que diga que el padre es perjudicial" para esos niños sino que "es la palabra de ella frente a la de él".
Ha incidido en que son "dos sentencias y cuatro jueces españoles los que han valorado la demanda" que se puso a través de la Abogacía del Estado a raíz de que Juana se llevara a sus hijos de Italia y ha vuelto a recordar que en este caso no se está dirimiendo "la custodia", lo cual deberá hacerse en los tribunales italianos, que es "donde corresponde".
El caso de esta madre de Maracena (Granada) ha generado en las últimas horas numerosas muestras de apoyo en redes sociales como Twitter, donde la etiqueta #JuanaEstáEnMiCasa ha sido la cuarta más compartida a lo largo de la mañana.
Su situación ha provocado mensajes de afecto de colectivos sociales, feministas, partidos políticos y particulares que reclaman "justicia" para ella y sus hijos. También por este medio se ha anunciado la reciente creación de la Plataforma de Apoyo a Juana Rivas desde el Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Maracena.
