El delegado de Hacienda y Administración Pública de Sevilla, Joaquín Castillo, ha estimado que la propuesta de reforma fiscal presentada por el PP tendría un coste real de 40 millones de euros que deberían suprimirse el año próximo de inversiones y gasto social, puesto que no sólo supondrían una merma de los ingresos propios del Ayuntamiento, sino que además en el actual marco normativo implicaría una reducción del techo de gasto para el próximo año. “Es decir, que el Ayuntamiento tendría que recortar en torno a 40 millones de euros a la hora de elaborar los próximos presupuestos en inversiones, en gasto social y en los distintos servicios que se prestan a la ciudadanía”, explicó el delegado de Hacienda y Administración Pública, Joaquín Castillo.
La propuesta se está estudiando y analizando por parte del equipo de gobierno, como todas las que se reciban de los grupos municipales, pero de una forma “seria y rigurosa”. “Las ordenanzas fiscales no se pueden hacer a golpe de titulares ni con cuentas de trazo grueso sin solvencia. Las medidas de recortes de ingresos propios que plantea el PP no se pueden compensar en ningún caso como ellos pretenden en su propuesta. Es el mismo modelo que la propuesta que se presentó para la negociación de los presupuestos basada únicamente en algo inviable como era la venta del edificio de la Gavidia que ni siquiera es aún propiedad municipal por completo”, explicó Castillo.
El delegado recordó al PP que no debe ser tan fácil hacer esta “brusca y generalizada bajada de impuestos cuando los mismos concejales que ahora la proponen ni se la plantearon cuando estuvieron en el gobierno”. De hecho, durante el pasado mandato se aprobó un plan de ajuste con subidas de tasas e impuestos, y se subió el IBI un 10% durante dos años consecutivos.
El gobierno abrirá próximamente el debate y análisis con los grupos políticos de las ordenanzas fiscales, como ha hecho los últimos años en los que el PP ha preferido oponerse a todo, pero lo hará de forma seria, rigurosa y responsable estableciendo en primer lugar un criterio social y progresivo. “Este gobierno no está de acuerdo con un planteamiento que suponga una bajada generalizada para todos por igual de los impuestos y tasas que al final repercuta en las inversiones, en el gasto social, y en las medidas que se puedan adoptar en los barrios y destinadas a los hogares con menos recursos”.
