Los vecinos de las viviendas de la Guardia Civil en Loreto siguen en su cruzada de buscar alternativas que eviten el desalojo de una quincena de familias que recibieron un escrito con sello de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior en el que se les concedía seis meses para abandonar sus casas. El PSOE fue el primero en dar la voz de aviso, mientras que el PP se ha reunido en dos ocasiones para abordar el asunto. Concretamente, el lunes acudían a la reunión la diputada popular, Teófila Martínez, y el portavoz municipal, Ignacio Romaní.
En dicho encuentro, Teófila Martínez se comprometió con los vecinos afectados a que pasado el 1 de octubre hablarían con el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, para analizar la situación de estas personas y sus viviendas. La reunión contó con la presencia de los afectados por el escrito de desalojo.
Según el portavoz municipal del PP, se va a abordar este asunto con el ministro “para ver si existen posibles soluciones alternativas a un problema complejo”, aunque se intentará llegar a buen puerto a favor de los vecinos. Romaní indicó que “vamos a intentar evitar el desarraigo, aunque la problemática es complicada. Queremos ver si podemos ayudar”. Asimismo, recordó que ya años anteriores se consiguió que desde el Ministerio se destinara una partida para pintura, así como se atajaron problemas de filtraciones. En esta ocasión, el problema es menos de infraestructuras y mucho más “humano”, puesto que son personas de avanzada edad que deberían abandonar las que son sus casas desde hace más de 40 años.
Estas viviendas empezaron teniendo una renta de 12 euros y ahora pagan 150 euros al administrador. En total, en la manzana de este barrio de Loreto hay 72 viviendas, que se dividieron entre guardia civiles (54), cabos (12) y suboficiales (seis). Según los papeles que maneja el colectivo son “viviendas en régimen de alquiler”,
Por otro lado, tal y como denunció el colectivo Juan de la Cosa, apenas se han realizado arreglos de los desperfectos en las viviendas. Una de las afectadas por el desalojo tiene una habitación precintada por la Guardia Civil desde hace más de un año, “y no han acometido los arreglos, cuando nosotros seguimos pagando a la administración, dejando incluso al aire las catas que hicieron cuando vinieron a inspeccionarla”, explicaba entonces la mujer afectada.
Este martes aparecían escritos del Negociado de Recursos Materiales de la Comandancia de la Guardia Civil donde se informaba a los inquilinos de las viviendas afectadas que “se ha contratado a la empresa Construcciones Pepe Ortega SL para la reparación de los orificios practicados (catas) en dichas viviendas por la empresa Cogesur”. Estas labores comenzarán este miércoles, según se indica en el comunicado remitido a los vecinos.
