El portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Sevilla, Javier Millán, ha preguntado al gobierno del socialista Fernando Rodríguez Villalobos, sobre la "situación actual" que tiene en la institución el ex alcalde de Los Palacios y Villafranca Antonio Maestre (PSOE), para el que la Fiscalía y la Junta de Andalucía reclaman cárcel y multas por presuntos delitos perpetrados antaño, como presidente de la extinta Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.
A través de una pregunta elevada al Gobierno provincial socialista y recogida por Europa Press, Millán señala el auto de apertura de juicio oral dictado en la causa incoada contra el exalcalde de Los Palacios y expresidente de la extinta Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir Antonio Maestre (PSOE) y otros cuatro cargos de dicha entidad ya desaparecida, por posible fraude y prevaricación con relación al destino de una ayuda autonómica, toda vez que la Fiscalía pide para cada uno de ellos dos años y once meses de cárcel y una multa de 631.183 euros, mientras la Junta de Andalucía pide cuatro años de cárcel y una multa de 420.786 euros.
En ese sentido, Millán señala la "gravedad de los hechos enjuiciados" y recuerda que Maestre ostenta el cargo de "asesor del Grupo socialista" de la Diputación, lo que le lleva a recordar que el código ético del PSOE determina que "cualquier cargo público u orgánico al que se abra juicio oral dimitirá de su puesto en el momento en el que se le de traslado del auto de apertura, solicitará su baja y, en caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia" y hasta expulsado del partido.
Por eso, el portavoz de Ciudadanos pregunta al Gobierno provincial socialista por "la situación laboral de Maestre con relación a la Diputación" y "qué medidas se van a tomar" ante la citada apertura de juicio oral.
LA CAUSA JUDICIAL
La causa judicial se encuadra en la controvertida gestión de la extinta Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, formada por once municipios de las provincias de Cádiz y Sevilla y ya disuelta y liquidada, tras arrastrar un pasivo de más de 52,2 millones de euros y múltiples frentes respecto a su gestión a manos del entonces alcalde socialista de Los Palacios Antonio Maestre.
En concreto, el caso deriva de una denuncia promovida en 2015 por la Fiscalía en torno a una ayudas concedida por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la Mancomunidad para actividades de formación y empleo, cuyo reintegro fue reclamado por la Administración autonómica al no quedar debidamente justificado el destino de la subvención.
Según la investigación, "a pesar de haber sido concedida la subvención y haber sido abonado un anticipo de 210.393 euros para su ejecución --pues la ayuda íntegra ascendía a 280.526 euros--, la actividad subvencionada ni se ejecutó, ni se justificó, ni los fondos públicos recibidos fueron aplicados por la Mancomunidad al fin subvencionado, ni fueron devueltos cuando les fueron reclamados por la Junta de Andalucía en el expediente de reintegro".
LA "CAJA ÚNICA"
Más al detalle, "la subvención concedida se integró de un modo indiferenciado (por la Mancomunidad), sin distinción alguna que determinase su origen o destino en la cuenta de la entidad, engrosando la caja única" y sin que se "controlase" que "las cantidades estuviesen vinculadas a la efectiva ejecución de la actividad subvencionada". Tras ello, y siempre según la investigación, el dinero fue destinado "a otros fines" diferentes al objeto de las ayudas.
Por dicha situación, la causa y el auto de apertura de juicio oral se dirige contra Antonio Maestre como presidente de la desaparecida Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, Mariano R.S. por su papel de interventor de la Mancomunidad, Fátima F.M. como tesorera de la misma, José Antonio N.O. como gerente y María Gloria R.L. como jefa de gestión de proyectos de la entidad.
Al respecto, y según la documentación recogida por Europa Press, la Fiscalía aprecia un presunto delito de fraude de subvenciones en concurso con un delito de prevaricación, reclamando para todos y cada uno de los acusados dos años y once meses de cárcel y una multa de 631.183 euros, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o beneficios fiscales de la Seguridad Social durante cuatro años y ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público.
En el caso de la Junta de Andalucía, que actúa como acusación, detecta sólo un presunto delito de fraude de subvenciones y solicita para todos y cada uno de los acusados cuatro años de cárcel y "multa del doble de la cantidad defraudada", o sea 420.786 euros, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o beneficios fiscales de la Seguridad Social durante seis años.
Además, la Junta reclama que todos los acusados resarzan al SAE, de manera conjunta, los 210.393 euros defraudados, solicitando que la extinta Mancomunidad responda subsidiariamente y también los once municipios que formaban parte de ella.
