El Colegio de Abogados ha trasladado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, y al juez decano de Almería, David Villagrá, el "malestar" de letrados y la "ciudadanía" por la suspensión "sin previo aviso" de señalamientos con motivo de la huelga general de jueces y fiscales el pasado día 22.
En un acuerdo de la junta de gobierno, que se ha comunicado, asimismo, al fiscal jefe de Almería, Antonio Pérez Gallegos, el órgano colegial reprocha que la citada suspensión "sin previo aviso" motivó que "abogados, así como justiciables, testigos, peritos y demás personas citadas comparecieran ante los órganos judiciales con la consiguiente pérdida de tiempo, molestias e incluso coste económico por desplazamientos".
La circular, consultada por Europa Press, señala que, desde el Colegio de Abogados consideran que el ejercicio del derecho a huelga y las medidas que se adopten para manifestar "legítimas" reivindicaciones "deben llevarse a cabo con el mayor respeto para el resto de las profesiones jurídicas y de los ciudadanos, procurando causarles el menor perjuicio y molestas posibles".
"Solicitamos que, en lo sucesivo y si se han previsto otras jornadas de huelga, se proceda a avisar previamente a las personas que pudieran verse afectadas por los señalamientos que tengan que ser suspendidos", recoge "sin perjuicio de que desde la abogacía se apoyen y respeten las reivindicaciones del colectivo de Jueces y Fiscales en el convencimiento de que ello redundará en definitiva en el mejor funcionamiento de la Justicia, objetivo en el que la abogacía está especialmente implicada", según matiza.
RECHAZO DE ALGUNOS COLEGIADOS
El acuerdo de la junta de gobierno que preside José Luis Pozo ya ha tenido contestación por parte de algunos colegiados que han elevado un escrito al órgano expresando su rechazo al mismo.
Tras recordar que el derecho a huelga es un derecho fundamental, sostienen que la huelga, que en Almería secundaron cerca de dos tercios de los jueces de los órganos unipersonales de la capital y el 90 por ciento de los fiscales, estaba anunciada "desde hacía varias semanas" y que "en todas las salas de vistas había carteles anunciándola durante los días previo".
"El Colegio de Abogados debería haber apoyado las peticiones de los jueces y fiscales, siendo necesario un incremento de medios materiales y económicos para mejorar la administración de justicia", argumental al tiempo que recuerdan que un grupo de abogados "a título individual" se concentró es mismo día del paro en la Ciudad de la Justicia para respaldar las reivindicaciones.
Advierten, asimismo, de que el órgano colegial "no debería realizar estos pronunciamientos" que, según remarcan, "dividen al colectivo de operadores jurídicos", por lo que reclaman "una adecuada unanimidad en las acciones de protesta civil".
"El Colegio de Abogados de Almería está obligado a recibir las quejas legitimas de todos los compañeros y compañeras que ese dio no pudieron realizar sus juicios pero en una jornada de huelga, uno debe ser consiente que estos hechos pasan", apuntan.
Por último, expresan la petición de convocar una reunión abierta todos los colegiados para analizar la situación de la administración de Justicia en la provincia de Almería.
SEGUIMIENTO DE LA HUELGA
Cerca de dos tercios de los jueces de los órganos unipersonales de la capital almeriense y el 90 por ciento de los fiscales --31 de 34-- secundaron la huelga general convocada por siete asociaciones para reclamar al Gobierno más medios personales, mayor autonomía y mejoras salariales entre los miembros de la carrera judicial y fiscal, que desde hace semanas realizan paros parciales para reivindicar sus demandas.
El seguimiento de la huelga en la Audiencia Provincial de Almería fue del cien por cien, con la ausencia de los 14 magistrados que la componen. En la Ciudad de la Justicia se suspendieron hasta 120 actuaciones como declaraciones y vistas, entre otras.
Sí se atendieron durante la jornada los casos de despido y procedimientos contra derechos fundamentales en el orden social, las guardias ante detenidos y casos de menores, los servicio del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, Decanato o el registro de partidas de nacimiento y de defunción en el Registro Civil.
