La Abogacía del Estado ha reiterado el carácter confidencial de la documentación solicitada ante la Audiencia Nacional (AN) por Ecologistas en Acción con respecto a los terrenos contaminados con radioactividad en Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), para justificar que no se aporten como prueba al procedimiento contencioso-administrativo que persigue obligar al Gobierno a ejecutar el Plan de Rehabilitación de la zona y fijar un plazo para el mismo.
En su escrito de alegaciones, consultado por Europa Press, la Abogacía del Estado pide a la sala que desestime el recurso de reposición del colectivo conservacionista contra el auto que denegaba requerir al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) una copia completa del Plan de Rehabilitación de mayo de 2010, el informe del Departamento de Energía de EEUU remitido al CSN en julio de 2015 y el anexo del acta de la sesión celebrada por el regulador atómico ese mismo mes en el que se recogen los niveles de intervención para la restauración.
Con respecto al primero de ellos, argumenta que se trata de un documento que "no elaboró" el CSN sino el Ciemat y que este organismo se lo hizo llegar "con carácter confidencial", por lo que "no puede realizar la aportación del mismo".
En esta misma línea, señala que el informe del Departamento de Energía de EEUU remitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores al CNS en julio de 2015 fue calificado como confidencial de acuerdo a la Ley de Secretos Oficiales por el propio ministerio.
"Consideramos --añade-- que en principio debe mantenerse dicho carácter confidencial, más cerrado al considerar que el Departamento de Energía de USA entrega los documentos así, lo que obliga al Estado español a mantener dicha confidencialidad ya que la procedencia de los documentos es de un estado extranjero".
Por último, con respecto al acta de la sesión celebrada por el CSN el 22 de julio de 2015 señala que el "tema de los criterios radiológicos" ya ha sido aportado a la sala "en la parte no afectada por la Ley de Secretos Oficiales" y da cumplimiento al oficio de la AN que requería el informe de la Dirección Técnica evaluando los niveles de inyervención. "No se han vulnerado derechos fundamentales de ningún tipo", concluye.
Cabe recordar que Ecologistas en Acción ha solicitado a la Audiencia Nacional que requiera al Consejo de Seguridad Nuclear "bajo los apercibimientos legales oportunos" para que aporte "realmente" copia certificada de este informe sobre la limpieza de los terrenos contaminados en Palomares ya que estima que el regulador atómico está "ocultando".
El colectivo conservacionista remarca que el documento aportado a la causa está "sin firmar, sin portada y sin fecha" y "no es el admitido como prueba por la sala", y subraya que el documento enviado por el CSN es "un resumen" del solicitado "donde obviamente se recogen exclusivamente las tesis mantenidas por la Abogacía del Estado en su escrito de contestación a la demanda".
"Se ocultan los motivos por los cuales se han modificado por el CSN los criterios radiológicos aprobados favorablemente por el CSN en su sesión celebrada el 5 de mayo de 2010. Dicho documento de autor anónimo ha sido elaborado presuntamente con el único objeto de ser aportado a la presente causa", reprocha Ecologistas en Acción.
En el documento cuestionado por el colectivo, el regulador atómico admite que se ha rebajado el volumen de tierra contaminada con radioactividad en Palomares que debe ser retirada en virtud de la declaración de intenciones firmada entre España y EEUU si bien no precisa en cuanto con respecto al plan de rehabilitación aprobado en 2010 y que preveía la limpieza de 50.000 metros cúbicos de suelo.
Esta modificación se produjo a raíz del pleno de 22 de julio de 2015 del CSN en el que se aprobó un informe relativo a los criterios radiológicos aplicables para la restauración de los terrenos afectados por el accidente que se registró en 1966 tras la colisión en el aire de dos bombarderos estadounidenses y la caída de cuatro bombas termonucleares.
A este respecto, Ecologistas en Acción alega ante la Audiencia Nacional que la negativa a aportar el documento admitido como prueba "vulnera" el artículo 105b) de la Constitución pues "poner en riesgo los intereses políticos, sociales, económicos y comerciales de España y, particularmente, las relaciones diplomáticas con EEUU no afecta a la defensa y la seguridad de España".
El documento impugnado por el colectivo conservacionista admite que el volumen de suelo a retirar en la conocida como área 6 del mapa radiológico de la zona es "menor que el previsto inicialmente" de acuerdo a los cálculos del Ciemat y lo achaca a la toma en consideración "de otros escenarios y vías de exposición" a la radiación.
Así, asegura que, como en esta área 6, residencial, sólo hay que tener en cuenta al trabajador que interviene en la construcción de viviendas, el nivel de intervención ha variado de 1 a 4 y el volumen de suelo a retirar también, siendo "menor que el previsto" de manera inicial en 2010.
El regulador atómico sostiene, no obstante, que, en el caso de las zonas 2 y 3, no ha variado el escenario, que continúa siendo agrícola-residencial, por lo que tampoco el nivel de intervención 1. "El volumen de tierra a retirar correspondiente a este nivel coincidiría, por tanto, con el estimado inicialmente por el Ciemat para estas zonas", remarca.
DE 50.000 A 28.000 METROS CÚBICOS DE TIERRA
Cabe recordar que en la demanda que dio inicio a este procedimiento para instar a que se ejecute la limpieza de la zona, Ecologistas en Acción sostiene que ese cambio que ahora admite el regulador atómico se ha producido "a instancias" del Department of Energy (DOE) de EEUU.
El colectivo asegura que, para ello, se "han aumentado los criterios radiológicos para considerar necesaria una intervención de 1 mSv/a hasta 4 mSv/a", lo que habría permitido la firma de la declaración de intenciones con EEUU para la gestión y almacenamiento de los residuos generados en la limpieza por parte del gobierno estadounidense.
El objetivo, según añade el colectivo, sería que, de la limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra, se pasaría "únicamente a limpiar 28.000 metros cúbicos de tierra contaminada", lo que reduciría de 6.000 a 3.300 metros cúbicos el volumen de tierra que debe almacenarse en EEUU.
Por su parte, la Abogacía del Estado ha asegurado a lo largo del procedimiento contencioso-administrativo que, en "ningún momento existe exposición inaceptable para la población" y que el "principio básico de protección está garantizado".
