El alcalde de Cádiz, José María González, ha manifestado, a pregunta del fiscal, que la exalcaldesa del PP Teófila Martínez "miente" cuando dijo en el Pleno del 27 de octubre de 2014 que en el primer periodo del incidente del corte de suministro de agua en el barrio de Loreto --entre el 29 de septiembre y 13 de octubre-- "hay 0,0" de e.coli en el agua. Además, ha afirmado que "hubo mala praxis" y ha responsabilizado políticamente a la exalcaldesa y al expresidente de Aguas de Cádiz, Ignacio Romaní (PP).
Cabe recordar que el alcalde, junto a su jefe de gabinete y el exconcejal de Medio Ambiente, se han sentado en el banquillo por un presunto delito continuado de calumnias con publicidad y otro de injurias con publicidad.
El PP había basado su denuncia en las declaraciones recogidas por los diferentes medios de comunicación --principalmente medios escritos--, en las que los acusados señalaron que se suministró agua "a sabiendas" de que no era apta para el consumo.
A partir de ahí, tras señalar el alcalde que lo recogido en prensa entrecomillado "suele ser literal", la defensa se ha basado en las declaraciones hechas por parte de los técnicos de Aguas de Cádiz, en sede judicial, en las que señalan que en los primeros días los responsables políticos "no tenían conocimientos" de los informes que manejaban. Por su parte, los acusados han defendido que sí tenían conocimiento.
Para ello, tanto el alcalde como su jefe de gabinete y el exedil de Medio Ambiente se han basado en el acta del Pleno del Ayuntamiento del 27 de octubre de 2014, en el que la entonces alcaldesa, Teófila Martínez, "aseveró que todos los análisis habían dado 0,0" en e.coli.
José María González, a partir de ahí, aunque "el informe no dice que suministraron agua a sabiendas" --se supone que no apta-- durante los primeros 14 días del incidente con el suministro de agua del barrio de Loreto, ha defendido que "hubo mala praxis", de lo cual responsabiliza políticamente "a Teófila Martínez e Ignacio Romaní", entonces concejal del PP y presidente de Aguas de Cádiz.
"Yo hablaba de una responsabilidad política y el principal objetivo es que no vuelva a ocurrir" algo así, ha asegurado el alcalde, que ha añadido que "sorprende que fueran los anteriores dirigentes los que no encargaran un informe que arrojara luz" al 'caso Loreto'.
Por su parte, el jefe de gabinete de Alcaldía, acusado al recogerse en prensa su intervención en una asamblea vecinal realizada el 7 de marzo de 2016 para informar de los hechos ocurridos en Loreto en 2014, tras insistir las partes en si Teófila Martínez e Ignacio Romaní tenían conocimiento o no de los informes de los primeros días, ha afirmado que "ellos contaminaron a la opinión pública porque habían dado una versión que no se correspondía" --supuestamente con la realidad--.
La exalcaldesa Teófila Martínez ha comparecido en el juicio para decir que se le ha acusado "de haber consentido suministrar agua contaminada a sabiendas y de haber puesto en peligro la salud de los vecinos". Un hecho, que "pone en tela de juicio no solo mi honorabilidad, sino mi moral como persona".
A juicio de la exalcaldesa, "en política se suele decir que son todo críticas políticas", pero cuando se acusa de "poner en peligro la salud de 13.000 personas, no es una crítica política". "No puedo consentir que se haga una aseveración de eso, porque no es una crítica política", ha añadido.
Martínez ha señalado que antes del 13 de octubre de 2014 --fecha en la que se corta el suministro de agua al barrio, tras empezar las primeras incidencias el 29 de septiembre-- "no tenía conocimiento de los análisis del agua" y ha señalado que "los técnicos son los que deciden cortar el suministro el 13 de octubre y a partir de ahí estoy perfectamente informada".
Cabe recordar que el alcalde de Cádiz ratificó ante la juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz que con el anterior equipo de gobierno (PP) "entre el 19 de septiembre y el 13 de octubre de 2014 se distribuye agua no apta para el consumo --en el barrio de Loreto--, pese a que los informes de la UCA aconsejaban poner en conocimiento de las autoridades sanitarias los índice de e.coli y de bacterias que formaban parte del agua que se estaba suministrando". No obstante, aseguró que con dichas manifestaciones "no hubo una voluntad de difamar ni injuriar a nadie personalmente".
Por ello, la acusación particular --realizada por el PP-- ha solicitado penas de 24 y 14 meses de multa para González, así como para el exconcejal de Medio Ambiente Manuel González Bauza y el jefe de Gabinete del Ayuntamiento gaditano, José Vicente Barcia, por un presunto delito continuado de calumnias con publicidad y otro de injurias con publicidad.
Además, solicitan la publicación de sentencia a costas de los procesados en los medios de comunicación "donde se difundieran las acusaciones que se enjuician", y la indemnización a los querellantes en concepto de responsabilidad civil. Por su parte, la Fiscalía no ha presentado acusación contra ninguno de los tres.
