El Gobierno ha alertado hoy a la Generalitat, presidida por Quim Torra, de que ordenará la "intervención" de las fuerzas de seguridad del Estado "en términos de proporcionalidad y necesidad" si los Mossos siguen sin ejercer su función de "garantizar el orden público" en la comunidad autónoma.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Fomento, José Luis Ábalos, han enviado cartas a los respectivos consejeros catalanes en las que piden explicaciones por "las graves alteraciones de orden público y seguridad del tráfico" del pasado fin de semana.
En la misiva remitida por la vicepresidenta al conseller Pere Aragonès, Calvo denuncia que "aparentemente" ha existido una "dejación de funciones" por parte del Ejecutivo autonómico, con consecuencias de carácter económico y social y para la seguridad pública.
"En este sentido es nuestra obligación evaluar los posibles incumplimientos del ordenamiento jurídico que se hayan producido", asegura Calvo, sin perjuicio, avisa, de otros requerimientos en curso sobre "actos concretos y sus posibles responsabilidades".
Marlaska, en su carta al conseller de Interior, Miquel Buch, señala que los hechos ocurridos en algunas autopistas catalanas constituyen una "grave perturbación del orden público y de la seguridad del tráfico" en el que, sin embargo, los Mossos, "aun hallándose presentes", no cumplieron su función.
Por ello, el titular de Interior requiere a los responsables de la Generalitat para que dicten las instrucciones necesarias o, en caso contrario, "se ordenará la intervención" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para preservar el "libre ejercicio de los derechos y libertades y el mantenimiento de la seguridad ciudadana".
Por su parte, el titular de Fomento, José Luis Ábalos, se dirige al conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damiá Calvet.
Ábalos expresa su "más profundo malestar" por los altercados sucedidos en los puestos de peaje de las autopistas AP-7 y AP-2 durante el pasado fin de semana.
Incidentes que, a su juicio, dañan la imagen de España y de Cataluña y en particular de las instituciones que la representan.
"Confío en que no se vuelvan a producir situaciones o hechos similares, y que se garantice la libre circulación de personas y mercancías", añade.
Todo ello, alerta Ábalos, "sin perjuicio" de que se adopten las "medidas necesarias" para que las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que puedan presentar los afectados por la actuación de los "responsables directos de los hechos", se tramiten "con la mayor diligencia".
Al margen de estas tres misivas, la vicepresidenta Carmen Calvo avanzó esta mañana que el Ejecutivo estudia "toda la capacidad de respuesta en la vía administrativa y en todas las posibles" ante la "vía sangrienta", ha señalado, propuesta por el presidente de la Generalitat, Quim Torra", que se remitió al caso de Eslovenia para conseguir la independencia.
Para Calvo, Torra cruzó ayer "una línea intolerable, inadmisible y de irresponsabilidad absoluta para un cargo público en una democracia como la española" porque "a nadie se le ocurre hacer su trabajo como cargo público más que desde la paz y desde la seguridad en la convivencia".
Calvo ha aclarado que, no obstante, declarar la aplicación del artículo 155 de la Constitución "es la última medida a la que hay que llegar".
