La Fiscalía Superior de Catalunya ha incoado diligencias de investigación para determinar si pudo haber falta de actuación de los Mossos d'Esquadra ante los cortes de carretera causados por los Comités de Defensa de la República (CDR) el 8 y 9 de diciembre, según el decreto recogido por Europa Press.
El fiscal superior, Francisco Bañeres, relata en su escrito que los Mossos acudieron al corte que se hizo en la autopista AP-7 en L'Ampolla (Tarragona) el 8 de diciembre, y al levantamiento de barreras de peajes el 9 de noviembre, pero su comportamiento presuntamente "no se orientó a disuadir a los concentrados" ni a restablecer el orden jurídico.
Así, pide un informe al comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, sobre las actuaciones realizadas esos días porque pueden derivarse responsabilidades si se confirma "ausencia de conminación por parte de las unidades desplegadas, o lenidad en exigir el restablecimiento del orden".
En su escrito, fechado este mismo martes, el fiscal describe que el 8 de noviembre hubo una "invasión por parte de un número indeterminado de personas" de la autopista AP-7 en L'Ampolla, que quedó inutilizada entre las 07.00 y las 22.00 horas.
El grupo, convocado por los CDR, colocó en la calzada de la autopista neumáticos, ramas y otros objetos que interrumpieron el paso de vehículos "que usaban la vía y que aspiraban a hacerlo sin sobresaltos".
Al día siguiente, varios grupos de personas acudieron por la tarde a diferentes puntos de peaje de autopista en localidades como Martorell, La Roca del Vallès (Barcelona) y Girona, donde levantaron barreras propiciando "que una multitud de conductores que circulaban por dichas vías lo realizasen de manera gratuita" causando perjuicio a la concesionaria.
NO DISUADIERON A LOS CDR
El Ministerio Público relata que en ambos episodios se tiene constancia de que comparecieron dotaciones de los Mossos, si bien las informaciones resaltan que "el comportamiento de las unidades destacadas no se orientó a disuadir a los concentrados".
Tampoco se empleó, de haber sido necesaria, prosigue el fiscal, "la fuerza imprescindible y proporcional para restablecer el orden jurídico ante una actuación ilegal", permitiendo una permanencia injustificada de los manifestantes.
Con ello, considera que pudo permitirse "la lesión de derechos de la multitud de usuarios de la autopista y a una multiplicación en el quebranto de la empresa concesionaria".
El fiscal reclama en su decreto que Esquius le remita un informe en el que se detallen las actuaciones practicadas, con indicación de los responsables de las operaciones así como las órdenes o comunicaciones realizadas durante los acontecimientos y las reseñas de los incidentes.
