Seis de los acusados en la trama corrupta que supuestamente alteró durante ocho años información de las bases de datos del Catastro de Granada han reconocido los hechos en la segunda sesión del juicio que se ha celebrado este martes en la Audiencia de Granada, donde se han declarado culpables y han aceptado penas de hasta cinco años de prisión.
Para los otros tres acusados se han retirado los cargos, entre ellos se encuentra el arquitecto que falleció meses antes de este juicio y los otros dos son empresarios respecto a los que la acusación ejercida por la Junta ya retiró la acusación por estafa en la primera sesión. El letrado del Gobierno andaluz ha confirmado este martes su decisión de apartarse del proceso y ha abandonado la Sala.
El principal acusado, un funcionario del Catastro de Granada identificado como Fernando G.T.M, ha aceptado una pena de cinco años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento público, otro de cohecho y otro de infidelidad en la custodia de documentos, además de varias multas e inhabilitación y pérdida de la condición de funcionario. Este acusado ha hecho uso del derecho a la última palabra para pedir "disculpas".
El segundo funcionario acusado, identificado como Antonio M.P., ha aceptado una pena de tres años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento público y otro de cohecho.
Otros tres acusados, entre los que se encuentran el empleado de una notaría de Albuñol, un empresario y un exfuncionario, han aceptado otros tres años de prisión por los mismos delitos que el anterior. El último procesado, un abogado, ha sido condenado a 16 meses de cárcel por falsedad en documento público y cohecho que le serán sustituidos por multa.
Los acusados se enfrentaban inicialmente a penas de entre 18 años y cuatro años y medio de cárcel por presuntamente formar parte de esta trama en la que se habría alterado información de las bases de datos con la supuesta participación de estos funcionarios a cambio de dinero.
El asunto fue investigado por el Grupo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil, que determinó que, al menos en el periodo comprendido entre marzo de 2005 y mediados de 2013, dos funcionarios de la Gerencia Territorial del Catastro de Granada se sirvieron de sus puestos para alterar información de las bases de datos de esta oficina para obtener certificaciones catastrales en el sentido solicitado por los interesados a cambio de dinero.
El fiscal hacía hincapié en su escrito provisional en que los datos del Catastro tienen una presunción de certeza, por lo que estas falsedades tienen una especial relevancia y su perjuicio es mayor que si se produjera en otros documentos.
Además, el uso dado a las certificaciones falsas ha sido muy diverso, en función de los intereses de las personas que las instaban y, "desgraciadamente", se desconoce sus efectos dada la presunción de veracidad de esta oficina pública, según relataba el fiscal. Así, algunas de estas certificaciones se han incorporado a expedientes municipales en áreas de urbanismo, a protocolos notariales y a Registros de la Propiedad.
