a Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a la matriarca del conocido como clan de Los Chorizos a un año, seis meses y un día de cárcel por un delito de tráfico de drogas, aunque no tendrá que entrar en la cárcel.
La Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión para esta mujer, C.J.R., su pareja y siete componentes del clan, localizado en Estepa (Sevilla) y cinco años para sus proveedores de droga, una pareja que operaba en Osuna (Sevilla), pero tras los contactos con la defensa ha modificado sus conclusiones y la Sección Cuarta de la Audiencia ha dictado "in voce" la sentencia, que es firme.
La Audiencia también ha dictado la suspensión de la ejecución de sus condenas durante tres años siempre que no cometan ningún delito y paguen una multa de 24 meses con una cuota de 6 euros al día (4.320 euros en total).
En cuanto a F.D.C.A. y T.F.F., que proporcionaban las sustancias estupefacientes al clan, el Ministerio Público pedía cinco años de prisión y una multa de 320.000 euros o 3 meses de reclusión en caso de impago.
Tras el acuerdo, F.D.C.A. ha sido condenado a 3 años de cárcel y una multa de 107.875,95 euros, o dos meses de privación de libertad si no la paga, por tráfico de sustancias estupefacientes con la atenuante de drogadicción, mientras que T.F.F. ha sido castigada a un año y 9 meses de reclusión al ser considerada cómplice y no autora del delito.
En principio, F.D.C.A. es el único acusado que irá a la cárcel, ya que tiene antecedentes y su pena es mayor de dos años, aunque su abogado ha solicitado la suspensión por ser drogodependiente o estar en tratamiento.
El tribunal también ha impuesto un año, 6 meses y 1 día de cárcel a otros seis acusados: una hermana de la matriarca, , que custodiaba la droga en su casa; dos hijos de C.J.R. que se encargaban de ir a Osuna a por la droga; otro hijo y su pareja; y un cuarto hijo.
El tribunal también ha decretado la suspensión de la ejecución de las penas de todos estos acusados durante dos años por ausencia de antecedentes o porque los antecedentes "no revelan peligrosidad respecto al delito enjuiciado", según ha explicado el juez.
El caso tiene su origen en las protestas que hubo en Estepa después de que el clan de Los Chorizos regresase a la localidad tras los incidentes de 2014, cuando varios vecinos llegaron a incendiar las casas donde vivían los acusados y otros familiares, que luego fueron rehabilitadas por la Junta de Andalucía.
Los vecinos también informaron al Defensor del Pueblo Andaluz de que temían que el barrio se convirtiese de nuevo en escenario del tráfico y consumo de droga y la Guardia Civil procedió a investigar el caso y detener a los acusados en marzo de 2017.
