La calidad del aire es un tema delicado, tanto en nuestra ciudad como en el resto de España, que mira la UE en los últimos tiempos con lupa de gran aumento y preocupación debido a los riesgos que conlleva para la salud, así como por sus consecuencias económicas. Por otra parte, los expedientes sancionadores que se dictaminan en la UE resultan muy complejos desde el punto de vista jurídico, ya que incluyen largos procedimientos y acumulan grandes retrasos en su tramitación.
Que sepamos, el único procedimiento donde ha recaído sentencia firme ha sido contra Bulgaria. Igualmente, en los parámetros de mediciones a través de los Planes de Calidad tampoco existen reglas uniformes. Y es que tampoco hay que confundir lo estricto con la rigidez, ya que ninguna norma, por incomprensible que nos parezca, debe dar la sensación de enigmática. En este sentido resulta recomendable la lectura del Informe Especial Nº 23 del Tribunal de Cuentas Europeo, ‘Contaminación atmosférica: nuestra salud no tiene todavía la suficiente protección’.
Hay que tener en cuenta para el caso de Sevilla y Andalucía que no tienen el carácter de Estado Miembro y ello trae consigo a efectos prácticos que la UE no se implicaría con autoridades autonómicas o locales, sino con el país al que pertenecen, esto es España. Nuestra capital, como otras, tiene una especie de “puerta giratoria”, que la hace entrar y salir de situaciones climatológicas favorables a adversas, y viceversa, basadas en sus vientos y lluvias puntuales, pero que no la sitúan entre las peor paradas.
Según datos de 2018, se registran episodios puntuales en Los Bermejales, Centro y Santa Clara, y en, algo más alejada, Dos Hermanas. Son situaciones llamativas, pero no extremas, como tónica general. Tampoco al Estado español le resulta fácil la papeleta, siempre preparado ante las principales responsabilidades que deba afrontar, ya que escapar de las “nubes tóxicas” obligacionales resulta harto complicado (ventajas y desventajas de las Autonomías).
Por ello, la existencia de un Plan Nacional no crea el lector que se trata de ninguna “panacea”, máxime con una especie de “tripartito en derecho ambiental”, además de acarrear durante los últimos años el dudoso honor de ser España el estado miembro más sancionado en temas medio ambientales, con persistentes infracciones. Se ha escrito mucho sobre este tema, quizás no demasiado a tenor de los resultados, pero debido a sus características patógenas, la Comisión Europea ya emitió en octubre de 2014 un Procedimiento de Infracción, mencionando que España no estaría protegiendo a sus ciudadanos de la contaminación por partículas en suspensión (PM 10), bastante peligrosas y que proceden generalmente de las emisiones de la industria, el tráfico y las calefacciones domésticas.
Resumiendo, la Comisión Europea ha abierto a España, a la que no podemos perder de vista, tres Procedimientos por Infracción del derecho comunitario (2009; 2014 y 2015) en relación con las partículas en suspensión (pm 10); dióxido de nitrógeno (no2) ; techos de emisión de amoniaco (nh3) y los óxidos de nitrógeno (n0x). Se encontraban a la espera de la utilización de ulteriores trámites comunitarios o de pasar al ámbito del TJUE. En junio de 2015, la Comisión Europea remitió a España una Carta de Emplazamiento, considerando que las medidas que había previsto nuestro Gobierno para determinadas zonas eran insuficientes para alcanzar el pleno de los valores límite. En diciembre del mismo año, España remitió a la UE, una serie de Informes elaborados para otras Comunidades Autónomas, donde no se encontraba Sevilla, así como una actualización del estado de ejecución del Plan del Aire. Resumiendo, Sevilla, excepto con Madrid, Barcelona y alguna otra capital, se encuentra hermanada con muchas ciudades españolas en calidad del aire, que indudablemente no puede calificarse como en su día escribimos sobre el de Estonia, pero tampoco sufre los rigores de algunos países y ciudades del Este europeo.
