Los padres del niño de ocho años Gabriel Cruz, cuya muerte violenta enjuicia a partir del lunes un jurado popular en Almería, ha demandado "amparo ante las amenazas que la cita judicial" comporta para sus derechos fundamentales como "víctimas de delitos violentos", así como respeto a la "memoria" del menor, y de "la intimidad, el honor e integridad de su familia".
En un escrito "exhaustivamente documentado" y remitido a diversas instituciones, entre ellas el Consejo Audiovisual de Andalucía y la Fundación Europea por las personas desaparecidas QSD Global, solicitan que se "evite" realizar informaciones relativas a los informes forenses relativos a su hijo "que puedan dañar su imagen y ocasionar un dolor enorme a su seres queridos", así como un uso "responsable" de esta.
Patricia Ramírez y Ángel Cruz piden, asimismo, según ha informado el CAA, que no se produzcan "interferencias" que pudieran "cuestionar que se trata de un juicio justo y con todas las garantías" ya que cabe recordar que será un tribuna del jurado el que dirima la culpabilidad o no culpabilidad de la única procesada por el crimen, Ana Julia Quezada.
Los padres de Gabriel, a quien las acusaciones consideran que Quezada causó lesiones psíquicas y atentó contra su integridad moral por su comportamiento durante los días en los que se prolongó la búsqueda del pequeño en Las Hortichuelas, en Níjar, ha expresado, asimismo, su "preocupación" porque "puedan volver a repetirse" tratamientos "lesivos para con la imagen y memoria" de su hijo como "las que se produjeron tras su desaparición y la detención de su presunta asesina".
Así, hacen un llamamiento "general" a la contención en el tratamiento informativo y reclaman "de forma expresa" medidas en torno a los contenidos de los informes periciales relativos a cómo falleció el menor, "así como los suyos propios por pertenecer al ámbito de la intimidad y de la privacidad".
En su escrito también esperan que la magistrada presidenta del tribunal, Alejandra Dodero, "adopte medidas de protección en los contenidos más sensibles".
Como consecuencia de este escrito, once instituciones han suscrito un pacto ético divulgado en un comunicado por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) con "la intención de dar la mejor respuesta posible al amparo solicitado por la familia Cruz Ramírez y de que puedan servir de pauta en situaciones similares futuras".
El CAA alude a la 'Guía de buenas prácticas para el tratamiento informativo de las desapariciones' que editó la fundación en Madrid en torno al caso de Diana Quer y califica de especial interés el conforme elaborado por su Oficina de Defensa de la Audiencia en torno al tratamiento de la desaparición del niño Gabriel Cruz en febrero de 2018, citado expresamente por los padres en su escrito de referencia.
En esta línea, recuerda los comunicados en el mismo sentido de las Asociaciones de jueces, de fecha 26 de agosto, de Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) del 29 del mismo mes, y del Colegio profesional de Periodistas de Andalucía del 28 de agosto.
"La aplicación de este Pacto Ético tiene como objetivo no menoscabar ninguno de los derechos que convergen en el inminente juicio de Almería, y, en cambio, revalidar dos premisas que pasan por que las informaciones no añadan dolor al dolor de la familia de Gabriel y por que no se produzcan interferencias", ha remarcado el órgano.
Las entidades firmantes han recordado también que se trata de un "esfuerzo colectivo que no debe recaer solo en los medios informativos, sino que afecta al conjunto de la sociedad", por lo que, según han señalado, el pacto ético es "una llamada a la responsabilidad y solidaridad de la propia comunidad andaluza y de la sociedad española en su conjunto". Por último, resaltan, asimismo, la necesidad de un juicio abierto y transparente.
