La Fiscalía de Córdoba advierte de que debido a las incidencias acaecidas en la plantilla, con comisiones de servicios, traslados y servicios especiales, "la posible sección de delitos económicos no funciona como tal", pese al "incremento y complejidad" de dichos asuntos.
Así se expone en la memoria anual del Ministerio Público referida a 2018, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se apunta que "se ha puesto en funcionamiento la especialidad de delitos económicos", si bien, "pese a la escasez de recursos personales en la plantilla", dicha materia "no se lleva en régimen de exclusividad".
Al respecto, recomienda que "sería deseable" que "se despachasen específicamente por fiscales especialistas en la materia que, a su vez, permitiría que se examinase conjuntamente con la faceta concursal y la comisión de delitos en fase de ejecución".
En este sentido, indica que existen "causas por blanqueo de capitales, fraude de subvenciones, estafas agravadas, diligencias por delito contra la hacienda pública de tramas organizadas que actúan solo en la provincia", a la vez que "se han incoado diligencias de investigación penal en la Fiscalía por fraude fiscal en el sector del aceite, fraude en el ámbito de la Seguridad Social".
En relación con delitos informáticos, el Ministerio Público precisa que los datos estadísticos sobre esta criminalidad durante el año 2018 en la provincial son "muy similares" a los del año 2017, aunque "se observa una ligera disminución de procedimientos incoados, que fueron 94 frente a 103 el pasado año --es decir, sólo siete procedimientos menos--".
En concreto, se detalla que hay un incremento del número de escritos de acusación presentados ante los órganos judiciales --33 escritos acusatorios en 2018 frente a 31 en 2017--; un aumento de sentencias dictadas por los juzgados y tribunales --19 en 2018 frente a 16 dictadas en 2017--; un descenso del número de sujetos acusados --19 en 2018 frente a 20 en 2017--, y un ligero incremento de sujetos condenados --15 en 2018 respecto a los 14 del año 2017--.
También, se explica que hay un aumento de sentencias dictada de conformidad --diez en 2018 frente a ocho en 2017--; una disminución sensible en el número de diligencias de investigación incoadas, pues tan solo se inició una, frente a las cuatro del ejercicio 2017.
DESCENSO DE DELITOS ECONÓMICOS
Aunque, en términos generales, estas cifras reflejan un descenso en los procedimientos tramitados, "la actividad delictiva parece sostenerse en idénticos parámetros cuantitativos", según manifiesta la Fiscalía.
En este caso, resalta que con anterioridad a 2016 "el mayor volumen de procedimientos en tramitación traía causa de la ausencia de limitación temporal en la instrucción de las causas judiciales, siendo a partir de dicho año cuando se ha concluido un buen número de procedimientos, por el efecto de la entrada en vigor del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)".
De otro lado, puntualiza que "el grueso de procedimientos incoados corresponde a delitos contra la propiedad, especialmente estafas, cuya se cifra se ha incrementado --51 en 2018; 49 en 2017--; seguidos de los delitos de pornografía infantil, aunque su número haya disminuido con respecto a 2017 --diez en 2018, frente a 16 en 2017--".
Tras ello, siguen en número los delitos contra la libertad --amenazas/coacciones--, "que sufren un mínimo aumento de un procedimiento en 2018 --siete-- frente a la anualidad anterior --seis--". Dichas cifras son "sensiblemente inferiores a la reales", pues "se refieren a procedimientos por delitos graves exclusivamente, sin que pueda reflejarse el grueso de los procesos que se tramitaron como delitos leves, cuya incidencia estadística supera con creces a los procedimientos por delito grave consignados en este apartado".
REVELACIÓN DE SECRETOS
En el ámbito de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos particulares, el Ministerio Público expresa que "se mantiene constante la estadística, al disminuir en solo un procedimiento --cinco en 2018, frente a seis en 2017--".
Entre algunos ejemplos, asevera que "disminuye la incidencia de este tipo de infracciones en el ámbito de empresa", al constar la incoación de un solo procedimiento por delito de descubrimiento/revelación de secretos de empresa, frente a los tres del período anual precedente.
Respecto de la anualidad anterior, se ha incrementado el delito de acoso a menores de 16 años a través de las tecnologías de la información y comunicación, que de dos delitos en 2017, ha pasado a cuatro en 2018.
También han sido cuatro los procedimientos incoados por delitos de daños, cuando fueron nueve las causas tramitadas por este delito en 2017. Se trata, mayoritariamente, de supuestos de bloqueos de accesos a sistemas informáticos empresariales mediante técnicas de 'ransonware', cuya investigación deviene "difícil, cuando no inviable, ante el origen remoto y transnacional de dichos ataques".
Al igual que en 2017, los procedimientos por delito de acoso han sido tres, como también fueron tres los delitos por ataques a sistemas informáticos/interceptación de transmisión de datos, uno más que el año anterior.
Entretanto, la Fiscalía comenta que en este apartado el número de sentencias dictadas --19-- es "manifiestamente inferior" al de procedimientos incoados --94-- y al de acusaciones --33--, dado que "parte de dichas causas penales incoadas aún no han concluido su instrucción, han sido sobreseídas o bien se encuentran en espera de enjuiciamiento en el supuesto de aquéllas que ya fueron objeto de calificación provisional".
