Los portavoces de los grupos municipales de PSOE, IU y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, Pedro García y Cristina Pedrajas, respectivamente, han anunciado este lunes que han solicitado convocar un Pleno extraordinario que aborde la legalidad de la aprobación de las ordenanzas fiscales de 2020, "si cumple cada uno de los elementos de seguridad jurídica", dado que han advertido de que se aprobaron sin informe de Intervención y sin tener en cuenta todas las alegaciones presentadas.
En una rueda de prensa, Ambrosio ha subrayado que "las advertencias que se han hecho por los tres grupos han sido desoídas", cuando "la intención es dar la seguridad jurídica a las ordenanzas", de manera que el gobierno de PP y Cs con "la complicidad" de Vox han mantenido "una huida hacia adelante", motivo por el que "no han dejado otra vía que la solicitud del pleno extraordinario".
En este sentido, pretenden "garantizar la seguridad jurídica del documento que ordena los tributos de los cordobeses" y con este pleno "agotar la vía política", ha remarcado la portavoz del PSOE, quien ha agregado que esperan "conocer el criterio del secretario del Pleno y hacer una consulta al Consejo Consultivo de Andalucía por si el documento tiene o no garantía jurídica". Según ha expuesto, hay antecedentes de nulidad en otros ayuntamientos.
Por su parte, García ha defendido que "la seguridad jurídica es algo fundamental en cualquier proceso administrativo que se hace en el Consistorio", para lo cual "se necesitan informes de Intervención", si bien han mostrado "sorpresa" ante "aquellos que presumen de seguridad jurídica y han traído a esta situación".
"El Pleno es el último recurso político, porque estamos en contra de judicializar la política", ha mantenido el portavoz de IU, quien ha declarado que "hay que velar por la seguridad jurídica de lo que se aprueba en el Pleno" y en este caso "las ordenanzas repercuten directamente en el presupuesto local", ha indicado.
Y la portavoz de Podemos ha enfatizado que "siempre" van a luchar por que "la seguridad jurídica esté ahí", dado que "la tendencia de este gobierno es a la falta de transparencia y actos manifiestamente ilegales, como en la aprobación de estas ordenanzas", a lo que ha agregado que el hecho de "no dejar trabajar a la Intervención y la Secretaría del Pleno es algo muy grave" y cree que "se puede dar la nulidad de pleno derecho y plantear algunas medidas provisionales para mantener las anteriores ordenanzas".
