La juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga el caso Magrudis tras el brote de listeriosis producido el pasado verano, ha citado a declarar este viernes, a las 11,30 horas, como investigada a la inspectora veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla, responsable de unas inspecciones realizadas en noviembre de 2016 y en julio de 2017 en la empresa.
El pasado 7 de noviembre, el equipo jurídico de Facua solicitó a la titular del juzgado que imputase por un posible delito de prevaricación a la responsable municipal de esas inspecciones a Magrudis. Se trata de una de las inspectoras veterinarias del Servicio de Consumo de la Dirección General de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla.
Hace unas semanas la juez confirmó que el Consistorio podía ejercer la acusación particular y posteriormente, en una providencia, consultada por Europa Press, acordó esta imputación, que fue solicitada por esta asociación de consumidores, que ejerce la acusación particular, así como que el Consistorio fuera considerado responsable civil subsidiario.
De esta manera, el Ayuntamiento tendría que asumir el pago de las indemnizaciones que se acordarán por encima del seguro de Magrudis, que sólo cubre 300.000 euros, y de las cantidades que abonasen o fuesen embargadas a las personas físicas y jurídicas que resulten condenadas al pago de responsabilidades civiles.
Desde Facua han subrayado que "la investigación policial ha puesto de manifiesto que se produjeron aún más irregularidades en las responsabilidades inspectoras del Ayuntamiento de Sevilla que las que ya había dado a conocer la propia asociación entre agosto y octubre de 2019". De hecho, manifiestan que si el ente municipal "hubiera hecho correctamente su trabajo, Magrudis habría sido clausurada a finales de 2016".
Cabe recordar que Facua ya denunció a finales de agosto "un cúmulo de dejaciones de responsabilidades por parte del Consistorio hispalense, dado que no detectó que la empresa desarrollaba su actividad sin la debida licencia municipal y que llegó a reducir de forma indebida el nivel de riesgo de la empresa en una inspección realizada en julio de 2017, aumentando con ello los plazos de los controles", decisión que fue adoptada por el informe elaborado por la veterinaria que ha sido imputada.
Además, pese a que la siguiente inspección tuvo que haberse realizado en año y medio después, en enero de 2019, no se produjo hasta agosto, como consecuencia de la alerta por listeria en sus productos, sostienen desde la asociación.
PIDIÓ DOCUMENTACIÓN SOBRE LAS INSPECCIONES
En una providencia del pasado noviembre, la jueza requirió al Consistorio documentación relativa a las inspecciones que realizó en la sede del entramado y que le aclarase qué actuaciones llevó a cabo --o si no emprendió ninguna-- al detectar diferentes anomalías y tras recibir la declaración responsable de la empresa para legalizar su actividad cinco años y medio después de que la hubiera iniciado.
La juez libró oficio al Servicio de Consumo de la Dirección General de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla "a fin de que informen a este Juzgado si se incoó algún expediente sancionador tras la inspección realizada el 24 de noviembre de 2016 en la sede de la mercantil, tras detectar que, aunque existe sistema de autocontrol, falta cumplimentar las diferentes hojas de registro".
Por otra parte, al constar únicamente las actas de inspección del 24 de noviembre de 2016 y la del 18 de julio de 2017, la magistrada también solicitó al Ayuntamiento que aportase el resto de las actas de inspección realizadas en la empresa "con indicación del personal que las llevó a cabo".
Cabe recordar que tanto Sandro José Marín Rodríguez, propietario y administrador único de Magrudis e hijo del gerente y su padre, el 'administrador de hecho' de la empresa, José Antonio Marín Ponce, siguen en prisión provisional por riesgo de fuga y posible destrucción de pruebas.
