El Partido Popular pide al alcalde, José María Román, que solicite el Plan de Empleo AIRE (Iniciativa para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo) que va a poner en marcha el Gobierno de Andalucía que preside Juanma Moreno.
Esta nueva medida de la Junta de Andalucía, “que beneficiará a unas 19.000 personas desempleadas en la región, muchas de las cuales serán chiclaneros, se suma al Plan Extraordinario de Playas Seguras y al resto de cantidades destinadas a la creación de empleo del gobierno de Juanma Moreno”, afirma Ascensión Hita.
La portavoz del PP de Chiclana manifiesta que “frente a la pasividad del equipo de gobierno local (PSOE-IU-Ganemos), que aún está estudiando las ayudas a autónomos y los planes de empleo locales con altas en la Seguridad Social, desde la Junta de Andalucía se está dando muestra de cómo se gestiona con eficacia, anteponiendo las necesidades de las personas que más lo necesitan en estos difíciles momentos”.
La presidenta de los populares de Chiclana resalta que “a pesar que desde el inicio de la crisis originada por el Covid19 estamos pidiendo la puesta en marcha de medidas concretas y directas para las familias, autónomos, pymes y empresas locales por parte del Ayuntamiento, el alcalde, José María Román, y su equipo de gobierno, están dejando pasar los meses sin poner nada en marcha”.
Hita destaca que “si no fuera por las iniciativas de otras administraciones, en Chiclana no se estaría ayudando a superar esta situación de crisis, pues tenemos a un gobierno local confinado delante de la pantalla de un ordenador, que parece que tiene miedo a pisar la calle para no descubrir las necesidades reales de la ciudad”.
El plan AIRE
La Iniciativa AIRE es una medida extraordinaria que implica una inversión de 165 millonespara el desarrollo de proyectos en los municipios andaluces, entre ellos Chiclana.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto ley por el que se establecen, con carácter extraordinario y urgente, medidas en materia de empleo, así como para la gestión de las sedes administrativas ante la situación generada por el coronavirus. La nueva normativa incluye, entre otras actuaciones, la puesta en marcha de la Iniciativa para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo (AIRE), que ayudará a la población desempleada andaluza, concretamente a unas 19.000 personas, a paliar los efectos ocasionados por la crisis sanitaria
Este programa tiene por objeto promover la creación de empleo en los municipios andaluces, fomentando la inserción laboral de personas desempleadas por partede los ayuntamientos a través de proyectos que permitan mejorar su empleabilidad con la adquisición de experiencia laboral vinculada a una ocupación.
Los proyectos que desarrollen los consistorios tendrán una duración máxima de doce meses y estarán dirigidos a paliar los efectos de la crisis sanitaria por Covid-19 en su municipio, facilitando el proceso de desescalada gradual de las medidas restrictivas de la movilidad y de la actividad económica.
La medida, que implica una inversión de 165 millones de euros y cuenta con financiación del Fondo Social Europeo y del Programa Operativo de Empleo Joven, permitirá la contratación en estos proyectos municipales de alrededor de 19.000 parados, durante un período mínimo de seis meses y máximo de ocho, a jornada completa, para lo que se destinarán incentivos que van, por cada contrato de seis meses mínimo de duración, desde una horquilla de los 11.700 euros (para la contratación de trabajadores pertenecientes al grupo 1 de cotización a la Seguridad Social) a los 8.880 euros (grupo 4 al 10 de cotización). Por cada mes que se amplíe el contrato sobre los seis meses iniciales, se incrementa el incentivo en una horquilla que va desde los 1.950 euros al mes (grupo 1 de cotización) hasta los 1.480 (para los grupos 4 al 10 de cotización.
Pago anticipado
Los ayuntamientos recibirán la subvención en un pago único anticipado del 100% de la cuantía aprobada y se les exceptúa del requisito de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, con el fin de garantizar la participación local y beneficiar al mayor número de personas desempleadas posible.
Con esto, se trata de no impedir la participación de algunos ayuntamientos del territorio, lo que ocasionaría un grave perjuicio y discriminación a personas con idéntica situación por razones de vecindad administrativa.
Personas beneficiarias
Serán destinatarios de los contratos por parte de los ayuntamientos las personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas que reúnan alguno de los siguientes requisitos: tener una edad comprendida entre los 18 y 29 años, ambos inclusive, y estar inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil; tener entre 30 y 44 años, ambos inclusive; o tener 45 o más años y ser desempleadas de larga duración.
Selección de los desempleados
La selección de los desempleados se realizará mediante oferta en el SAE,organismo que proporcionará a los ayuntamientos dos personas candidatas por cada puesto siguiendo unos criterios de prelación.
En primer lugar, tendrán prioridad los desempleados residentes en el municipio que estén especialmente afectadas por la crisis sanitaria. Para determinar en el decreto esta preferencia, se ha establecido que se dé prioridad a aquellos desocupados que, sin haber sido contratados desde el 1 de marzo, sí tuvieron un contrato con carácter temporal en el periodo establecido desde el 1 de marzo al 30 de junio de 2018, o desde el 1 de marzo al 30 de junio de 2019, en las actividades de servicios de alojamiento (CNAE 55); servicios de comidas y bebidas (CNAE 56); actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (CNAE 79); y actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (CNAE 93)
También se han establecido como prioritarias aquellas contrataciones de personas que no sean beneficiarias de ninguna prestación ni subsidio, seguida de beneficiarios del ingreso por Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, perceptores de subsidios por desempleo, Renta Activa de Inserción (RAI), de Renta Agraria y, finalmente, personas beneficiarias de prestación contributiva por desempleo. A continuación, desempleados residentes en el municipio de referencia, aplicando los mismos criterios de prelación anteriores.
