La penúltima batalla de la guerra competencial que libran en los últimos días el Gobierno central y las comunidades autónomas de Murcia, Canarias y Andalucía por la responsabilidad de las cuarentenas de los inmigrantes irregulares ha dejado al descubierto las carencias de recursos materiales y humanos para garantizar la seguridad en la provincia.
La fuga de tres personas, que arribaron a las costas gaditanas el fin de semana pasado, del Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) de Crinavis, en San Roque, y que se temía que pudieran ser positivos en Covid-19 (aunque fuentes de toda solvencia aseguran que no estaban infectados) hicieron saltar las alarmas.
El departamento de prensa del Ministerio del Interior se ha limitado a señalar por medio de un correo electrónico a consultas de este medio que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “actúan en coordinación con las autoridades competentes y adecuan sus dispositivos a las necesidades y características de cada situación”.
La Junta, en cambio, cuestiona abiertamente el papel del Ejecutivo. En una nota de prensa, la Delegación Territorial de Salud y Familias acusó al subdelegado del Gobierno, José Pacheco, de responder un día y medio después a los requerimientos de la administración autonómica para que facilitasen los datos de filiación de los inmigrantes.
Este retraso habría obligado a pedir una prórroga al juez de otras 48 horas, para completar los análisis clínicos, pero también para, tal y como reconoce en el comunicado distribuido a los medios, adaptar convenientemente un alojamiento.
Las víctimas directas de este enfrentamiento competencial entre las administraciones son, por un lado, los inmigrantes y, por otro, los integrantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Así lo puso de manifiesto públicamente Jupol. Alberto López, portavoz del sindicato policial mayoritario, explica en conversación telefónica que el CATE no reúne las condiciones necesarias para mantener con garantías durante cinco días hasta el medio centenar de personas que llegó a haber antes de iniciar los traslados a instalaciones habilitadas, primero doce menores y luego otros 38 adultos, que recalaron en Viznar, en Granada.
Todo ello aumenta el riesgo de contagio, dispara el nivel de tensión vivido en el interior e incluso puede llevar a que se produzcan huidas, como en este caso, con la consecuente alarma social.
“Faltan efectivos”, asegura. En el conjunto de la comarca, cifra el déficit en torno a 200. El pasado fin de semana en el CATE no había más de tres y pertenecientes todos ellos a seguridad ciudadana. De manera que se desviste un santo para vestir a otro, detrayendo personal de otras unidades que no se ha repuesto.
Ajenos a este episodio en concreto, pero afectados igualmente por la necesidad de incrementar la cifra de agentes, las organizaciones profesionales de la Guardia Civil también toman la palabra. María del Carmen Villanueva, portavoz de AUGC, reclama más agentes “destinados tanto a las tareas de rescate de migrantes, como a la lucha contra el narcotráfico, ya que nos encontramos en una zona que debería considerarse de especial singularidad”.
También demanda equipos de protección individual (EPI) a disposición de los guardias civiles que desempeñen su trabajo diario en la zona y que puedan ser reclamados para el apoyo y la asistencia de los migrantes que llegan por vía marítima y que pudieran ser portadores del Covid-19.
Y finalmente, advierte de que, si bien es cierto que la llegada masiva de pateras a las costas gaditanas no estaba prevista en estas fechas, “tampoco hay un protocolo concreto para tratar a las personas que llegan a nuestro territorio, debiendo como norma general atenerse a las circulares y notas informativas emitidas por la Dirección General de la Guardia Civil en su día, con el fin de evitar contagios”.
Las previsiones para el futuro inmediato son que el flujo migratorio se incremente considerablemente. Según los datos facilitados por Cruz Roja, la organización ha atendido en este año a 731 personas rescatadas de embarcaciones, el 87% de origen magrebí. El grueso, 415, han llegado a la provincia desde el pasado 1 de junio. La organización, que atiende en el puerto a los inmigrantes y les realiza los análisis clínicos, también colaborará con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el seguimiento y control de los inmigrantes en los espacios que habilite el Gobierno autonómico para la cuarentena.
