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El Gobierno apoya al sindicato contra las practicas ilegales de empresarios

La oposición reacciona matizando que no puede existir una ley para grandes empresarios y otra para pequeños

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El Gobierno de Gibraltar (Nº6) ha dado esta semana la bienvenida al debate, iniciado por el sindicato TGWU/Unite y al que se ha unido la Cámara de Comercio y la Federación de la Pequeña Empresa, resaltando prácticas de trabajo ilegales por parte de algunos empleadores y empresarios.

El Ejecutivo señaló que está de acuerdo y apoya la campaña para erradicar estas prácticas. Entre las mismas están las deducciones salariales para el pago de impuestos, seguridad social, registro de empleados o el cumplimiento con el salario mínimo establecido.

El Gobierno informó que apoyará a cualquier organización que luche para que los trabajadores no sean explotados y cobren sus salarios mínimos y para que los patronos paguen los impuestos correctos al Gobierno . Añadió que no se podía pensar que este problema pudiera ser solucionado estableciendo más inspectores por parte del Ejecutivo.

Oposición
Por su parte los partidos en oposición declararon ayer no comprender las declaraciones del Gobierno sobre las prácticas ilegales de trabajo, alegando que el propio Ejecutivo habían perdonado estas mismas prácticas en un caso en el que se debía casi medio millón de libras.

Socialistas y liberales se referían a la forma en la que el Gobierno había actuado con la deuda de la compañía Haymills a través de sus empresas asociadas.

Para la oposición lo importante es que el Gobierno comprenda que no puede existir una ley para los grandes empresarios, que no pagan sus impuestos, y otra para los pequeños empresarios, que son presionados por el Gobierno para que abonen sus cuotas religiosamente los días 15 de cada mes.

La coalición aprovecha esta oportunidad para pedir al Gobierno explicaciones sobre cómo se permitió a una compañía conectada con haymills llegar a contar con una deuda tan elevada de impuestos no abonados durante años. Asimismo la oposición recuerda que en la época en que se estaba forjando esta deuda, el propio Gobierno pagó 28 millones de libras (casi 31 millones de euros) a Haymills por los antiguos proyectos de viviendas de OEM, compañía que quebró.

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